Esta tarde la Procuraduría General en nombre del Estado ecuatoriano presentó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) un documento para ser incorporado como acusador particular en el caso Sobornos 2012-2016. Este pedido se suma al ya presentado por el exasambleísta César Montúfar y el investigador Fernando Villavicencio.
La acusación particular liderada por el procurador Iñigo Salvador por el delito de cohecho va en contra del expresidente Rafael Correa, su exvicepresidente Jorge Glas, su exsecretario Jurídico Alexis Mera y sus exministros María Duarte, Walter Solis, Vinicio Alvarado, y la actual asambleísta Viviana Bonilla.
La acusación de Procuraduría incluye a empresarios que son parte de la lista de 26 procesados en la causa en la que la Fiscalía investiga delitos como cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Según el documento presentado en la CNJ, se han encontrado indicios del cometimiento del delito a través de un «bien diseñado esquema de corrupción». Los sobornos habrían sido recibidos por los funcionarios públicos acusados y aparentemente «administrados por ellos para varios fines, beneficiando de manera directa al movimiento Alianza País (AP) y a un selecto grupo de sus simpatizantes».
Desde la Procuraduría se cree que los fondos recibidos fueron utilizados en candidaturas electorales para pagar servicios prestados en campañas políticas seccionales y nacionales, préstamos personales y hasta cumpleaños del entonces presidente Correa o de varios de sus más cercanos colaboradores.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa recabando versiones de proveedores que confirman que realizaron trabajos para campañas de AP, pero quienes pagaron esos servicios fueron empresas contratistas del Estado que no tenían nada que ver con el movimiento oficialista.
Pablo Aguinaga Buendía en su versión rendida en la Fiscalía, el 26 de agosto pasado, dijo que fue contratado por la empres Uma para dar los servicios de jingles y cuñas de radio. Uma era la agencia que trabajaba para el gobierno de Correa y era muy cercana a Vinicio Alvarado, exsecretario de Correa y hoy procesado en el caso Sobornos.
Aguinaga Buendía aseguró que una vez terminó el trabajo y fue aprobado, una productora de Uma les solicitó que por los dos trabajos realizados las facturas salgan a nombre de una tercera empresa. Se le habría dado los datos de la empresa y ellos procedieron a emitir las facturas por el jingle «Todo Todito» y la canción «Revolución Con Todo» para AP.
Los pagos se habrían dado sin problema y fueron hechos en cheque, recordó Aguinaga Buendía.
A la versión de Aguinaga Buendía se suma la entregada por Luis Antonio Aleaga, también tomada por la Fiscalía el 26 de agosto último. Entre otras cosas Alega, un productor que hizo videos para la campaña del 2013 de la entonces candidata Viviana Bonilla, recordó que hizo un producto audiovisual para Bonilla, quien terciaba para la alcaldía de Guayaquil.
La versión de Alega llega una vez la Fiscalía le solicitó información específica sobre facturas que le habrían sido canceladas en 2014 a su empresa Urbana Films por la empresa SK Engineering. El contacto para el trabajo para la candidatura de Bonilla habría sido hecho por la empresa Creacional, la misma que más adelante les explicó el trabajo que iban a realizar y que quien les cancelaría el producto sería la empresa SK Engineering.
Creacional es una empresa que también tiene relación con Vinicio Alvarado, exfuncionario público que a decir de Alega fue el asesor comunicacional del trabajo que realizó para Bonilla. El productor señaló que conocía a Alvarado, pues sabía que era uno de los socios de la empresa Creacional que los contactó. (El Universo)