La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó su agenda de trabajo prevista hasta el 31 de diciembre del 2023.
Se priorizarán 54 pedidos de fiscalización y juicios políticos impulsados por la ciudadanía o asambleístas.
Este plan, según la Comisión, constituirá una herramienta para el tratamiento y toma de decisiones. Se incluyen solicitudes de enjuiciamiento político, casos de negativa en la entrega de información, así como procesos de fiscalización que el Pleno y el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deben asignar.
Entre los casos a fiscalizar constan Petrochina, Gunvor, Petrotailandia, Refinería de Esmeraldas y Manduriacu. También están los procesos presentados por el asambleísta Fernando Villavicencio (Alianza Honestidad); entre ellos, los casos de la Refinería del Pacífico, Poliducto Pascuales-Cuenca, Toachi-Pilatón, Coca-Codo Sinclair, Ina Papers, la Reconstrucción de Manabí, sistema económico Sucre y varios contratos para la construcción de carreteras.
El mismo legislador presentó casos del reparto de hospitales como cuotas políticas, el tranvía de Cuenca, la delegación o concesión de los puertos de Manta, Posorja y Bolívar.
Otros temas en lista son el proceso de liquidación de Tame, la asignación de frecuencias, el incremento injustificado en cobros de consumo de energía o el sistema de provisión de agua cruda en Manabí.
El legislador Marco Troya presentó el caso Gea Internacional, por supuestos débitos no autorizados para solventar seguros de créditos.
La bancada de Unes colocó el enjuiciamiento político a los exministros Richard Martínez y René Ortiz , así como al contralor subrogante, Pablo Celi, quien permanece detenido por el caso Las Torres.
También se analizará el informe de la Comisión de la Verdad impulsado por la Defensoría del Pueblo, respecto a los hechos de octubre del 2019. Además, se pide que se investigue la supuesta entrega a Bolivia de bombas lacrimógenas de parte del Gobierno del expresidente Lenín Moreno. (El Comercio)
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