Con esa frase, el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, resumió los avances registrados durante los últimos cinco años y medio en los que lideró el proceso de transformación del sistema judicial ecuatoriano.
En rueda de prensa, realizada este 11 de junio, el titular del CJ expuso varios de los logros alcanzados en la administración de justicia. Así, señaló que hoy la Función Judicial está al día en el despacho de causas con una tasa de congestión de 1.6, esto quiere decir que se resuelven más juicios de los que ingresan.
De igual forma, destacó que con la implementación de la oralidad en materia no Penal, ahora las causas se resuelven en menor tiempo.
Citó como ejemplo que un juicio Ordinario actualmente dura, en promedio, siete meses, cuando antes concluía en dos años y tres meses y algunos hasta en ocho años.
Lo mismo ocurre con los procedimientos ejecutivos que hoy tienen sentencia en cinco meses (antes eran resueltos en casi dos años) y con los procesos sumarios que terminan en cuatro meses (antes finalizaban en más de dos años).
Asimismo resaltó la reducción de audiencias fallidas a menos del 4 %, a diferencia de lo que ocurría antes que era del 30 %. Con esto el Estado ahorró 45 millones de dólares. “Antes no había videoconferencias. Hoy, el 14 % de las audiencias se hacen por videoconferencia, evitando su falla y el traslado de detenidos”, explicó.
El doctor Jalkh se refirió también a la aplicación de métodos alternativos de solución conflictos, entre ellos, la mediación, la conciliación y la implementación de la justicia de paz.
“El 30 % de los procedimientos no penales termina en conciliación y en mediación. Este es un logro extraordinario que, además, produjo 119 mil acuerdos, evitando que vayan a juicio. Eso significa un ahorro de prácticamente 47 millones de dólares”, explicó.
También destacó la incorporación de 308 jueces de paz, quienes resuelven los litigios vecinales en sus barrios y comunidades.
Recurso de revisión a resolución del CPCCS-T
El Presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, explicó que el Pleno del organismo espera la resolución final del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) sobre el recurso de impugnación que se presentó al informe de evaluación de las autoridades de la institución.
El titular del CJ indicó que el documento presentado se basa en pruebas objetivas y jurídicas que demuestran cómo algunos aspectos mencionados en el informe nunca fueron notificados al Consejo de la Judicatura y que las conclusiones a las que llega el organismo evaluador no tienen ningún sustento fáctico, jurídico, ni técnico. “Hemos desvirtuado absolutamente todas las argumentaciones contenidas en ese informe”, señaló.
Consideró que los argumentos presentados por el CJ no serán aceptados por el CPCCS -T y que, en los próximos días, se ratificará su cesación, así como la del resto de vocales del Consejo.
“En una democracia madura, a las personas se las juzga por sus acciones, no por opiniones. Hasta ahora, la razón dada por el CPCCS-T fue que existió un supuesto conflicto de interés por haber trabajado en el Ejecutivo, es decir, no se nos evaluó por nuestras acciones”.
Proceso de juicio político
Respecto a lo ocurrido la semana pasada en la Asamblea Nacional donde no hubo los votos requeridos para concretar el juicio político contra las autoridades del CJ, el doctor Jalkh señaló que, de acuerdo a lo que establece la ley, este proceso ya concluyó y no existiría base legal para que se produzca una nueva votación.
“He escuchado que alguien plantea una reconsideración. Cuando los tiempos concluyen qué reconsideración puede haber (…) ¿Dónde quedarían las normas básicas del debido proceso y de la seguridad jurídica? ¿Dónde está la base jurídica para decir que se modifique un procedimiento de juicio político? Esto sería extremadamente grave en mi opinión”, concluyó.