El Consejo de la Judicatura (CJ) respeta la decisión del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) de calificar el pedido de juicio político contra las autoridades de la institución.
En diálogo con medios de comunicación, el Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, aseguró que, de concretarse un juicio político, espera que este se cumpla de debido proceso y en un marco de seriedad.
“Aún no hemos sido notificados formalmente. Plantearemos nuestra defensa cuando conozcamos todas las denuncias presentadas”, aseguró el doctor Jalkh.
Respecto de los cuestionamientos de ciertos asambleístas que respaldan el juicio político y sostienen que hubo una presunta injerencia del gobierno anterior en el sistema de justicia, el Presidente Jalkh indicó que el CJ respeta y tolera las opiniones ajenas. No obstante aclaró que, en un juicio, no se trata de evaluar opiniones, sino argumentos y hechos concretos.
Sobre las denuncias de que la figura del error inexcusable es utilizada por el CJ, como un mecanismo de presión a los jueces, el doctor Jalkh señaló que quienes sostienen estas versiones, deben probarlas con los sustentos respectivos.
“El error inexcusable no solo existe en Ecuador, es una figura disciplinaria y es una competencia del Consejo de la Judicatura aplicarla. Nadie ha podido demostrar un solo caso de destitución que tenga un origen político y que no haya estado debidamente fundamentada”, dijo.
Señaló que una eventual interpelación en la Asamblea Nacional, podría convertirse en una oportunidad para demostrar que el CJ actuó correctamente en torno a casos de destitución de administradores y operadores de justicia.
Consultado sobre una posible sanción por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), Gustavo Jalkh señaló que las autoridades del CJ se encuentran tranquilas, pues han cumplido con las obligaciones y responsabilidades que les corresponden.
“Todos somos transitorios, somos servidores públicos y tenemos un periodo. No se trata de unos meses más o unos meses menos. Si nuestras funciones concluyen antes de nuestro periodo ojalá sea por una causa legal y no por una arbitrariedad. Hemos trabajado por el bien común desde el campo de la justicia”, afirmó.
Creación de la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales Especializados en la Lucha contra el Crimen Organizado
El titular del CJ confirmó que mediante resolución 053-2018, el Pleno del organismo, reformó la normativa con la cual se dispuso la creación de la Unidad Judicial y Tribunal de Garantías Penales Especializados en la Lucha contra el Crimen Organizado.
La reforma indica que, para que esas dependencias entren en funciones es indispensable un pronunciamiento de la Corte Constitucional.
El objetivo es evitar alegatos o críticas sobre una supuesta falta de competencia del CJ para la creación de las mencionadas instancias. “Se trata de un tema sensible y por eso nosotros pusimos en conocimiento de la Corte Constitucional la resolución tomada, pues queremos que entre en aplicación lo antes posible”, dijo.
Hace pocas semanas el Consejo de Seguridad Pública del Estado propuso la creación de una unidad judicial especializada que garantice mayores niveles de seguridad para jueces, fiscales y secretarios, que conocen casos de alto riesgo.