Domingo Zambrano acumula un lustro de afectaciones en los cultivos de su finca en el cantón Chone, en Manabí.
Las plagas que han atacado sus plantaciones de maíz, cacao y plátano le vienen desanimando y ahora duda si continuar o no en el agro.
Pese a que sigue vinculado a esta actividad, ahora apuesta por menores proporciones de siembra para mantenerse. Pero, además, comprendió que al ‘blindar’ por ejemplo sus sembríos de maíz, con una póliza de seguro, se pueden reducir los riesgos por pérdidas.
En Manabí y Guayas, la contratación de este beneficio, que protege con compensaciones económicas las tierras plantadas productivas, se incrementó este año en 3 y en 18%, respectivamente. Mientras que en Los Ríos y Esmeraldas, el trámite de estas pólizas se redujo en un 21 y un 11%.
Los datos corresponden al agroseguro del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuyo monto asegurado cayó cinco puntos porcentuales, de 2020 a 2021, en esa región.
Las cuatro provincias aportaron con el 70% de la producción a escala nacional el año pasado, según cifras del MAG.
El agro del país produjo 25 415 233 toneladas métricas ese año, de las cuales en Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas se generaron 17 706 896. Javier Valencia, experto en temas agrícolas, asegura que pese a ese alto aporte de la Costa, la cultura por el seguro estatal es baja, lo cual está atado a las condiciones para contratarlo.
Los hermanos Israel y Francisco Franco, por ejemplo, no han asegurado las 8 hectáreas en las que siembran arroz en el cantón Lomas de Sargentillo, en Guayas. El año pasado, dijeron, registraron pérdidas de hasta el 50% por las condiciones climáticas adversas.
¿Por qué no lograron un seguro? “Nosotros no tenemos acceso ni a créditos bancarios, recurrimos a personas que prestan con más facilidad, pero con altos intereses”, relató Francisco, de 42 años.
Domingo Zambrano, en cambio, recién lo contrató en 2020 y así pudo atenuar las pérdidas en su hectárea de maíz duro, que no le generó las 4,85 toneladas previstas sino apenas 5 000 kilogramos.
De los USD 1 650 que destinó para esa siembra recuperó USD 690, por la venta de 50 quintales (USD 13,80 cada uno). El retorno restante, asegura, lo obtuvo con el seguro, que reportó que su media hectárea sembrada se perdió por las afectaciones climáticas.
Rafael Guerrero, presidente de la II Cámara de Agricultura, cree que los pequeños y medianos agricultores son los que menos tienen acceso a seguros. Él explica que se “amarró” el tema a los créditos con el Banco Nacional de Fomento.
La resolución 385-2017-A de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera señala que las entidades del sistema financiero nacional deben pedir a los solicitantes un seguro al agro que cubra los costos directos de producción.
Guerrero opina que la gente no tiene confianza y que en muchos casos no se llega a pagar lo que corresponde a la prima. “Si se paga, se debe pasar por una tramitología que demanda mucho tiempo”.
La cobertura del agroseguro en efecto es mínima en relación con la superficie total que se destina para la cosecha. Por ejemplo, en Guayas 3 308 hectáreas de cada 100 000 fueron cubiertas por el agroseguro en 2020. En Esmeraldas, apenas 3 602 hectáreas lo tuvieron; mientras que en Los Ríos fueron 4 560 y en Manabí, 10 724.
Franklin Torres, presidente de la Asociación de Bananeros de Los Ríos, señaló que el 95% de los 8 000 productores de la fruta, a nivel nacional, no tiene un seguro. El 5% restante, dijo, corresponde únicamente a los grandes productores.
El directivo advirtió que la reducción en el porcentaje de los seguros no significa que se traduzca en una menor productividad en el arroz, maíz y soya, que son productos de ciclo corto y más susceptibles al clima en esa jurisdicción.
En Manabí, la gestión para conseguir el beneficio se incrementó en un 28% entre 2019 y 2020. El experto Valencia indica que dos factores incidieron en este aumento y que están ligados a las fuertes lluvias de invierno de febrero y marzo y a la sequía por el fenómeno de La Niña.
No obstante, las plagas y enfermedades son las que más han atacado a las tierras productivas del Litoral en los dos últimos años. Las afectaciones de este tipo se dieron en 46 738 hectáreas en 2019; al año siguiente fueron 43 761. La producción se vio mermada ligeramente por estos problemas. (El Comercio)