Las pericias ejecutadas dentro de la trama de corrupción del Hospital Básico de Pedernales han dejado al descubierto más conversaciones que mantuvieron los hoy procesados.
En la transcripción del material, que está bajo custodia de la Fiscalía, se observa cómo los imputados supuestamente armaron una estrategia para responder a las acusaciones sobre la fallida construcción de la casa de salud manabita.
Según las pesquisas, en mayo, cuando estalló el caso, crearon cuentas ficticias en Twitter y en Facebook y comenzaron a desmentir todo. Para entonces, en esas mismas plataformas ya se hablaba de retrasos en las obras, de la necesidad de una casa de salud y de posibles irregularidades.
Hoy se indaga para saber quiénes dirigían las redes sociales, si se contrató o no personal para manejar las cuentas ficticias, cómo se financió y si se usaron o no fondos públicos.
Una de las denuncias sobre posibles anomalías se conoció el 31 de mayo. Ese día, el presidente de la Comisión Anticorrupción de Manabí, Julio Villacreses, pidió por escrito una indagación, pues 15 días antes fue capturado el asesor del exlegislador Daniel Mendoza.
El oficio de Villacreses llegó a la oficina del entonces director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), René Tamayo. Hoy, él también está preso.
En el expediente se ve que luego de conocer esta denuncia, el exsubdirector de Secob Jorge Jalil (prófugo), Franklin Calderón Cedeño (capturado) y una tercera persona reaccionan y hablan de “neutralizar” y “difamar” a Villacreses.
Este Diario habló con él; recuerda que le llegaba una serie de agravios. Le decían que es corrupto, que no quiere el hospital, que está contra los manabitas, que impide el avance.
En otras conversaciones recabadas por agentes, Calderón dice haber explicado a Jalil cómo contestar a los señalamientos. Debía responder que todo es transparente, que la información es pública, que se encuentra en el Portal de Compras Públicas y que la Contraloría ya ejecuta una auditoría a las unidades hospitalarias.
El asambleísta Eliseo Azuero y el exlegislador Daniel Mendoza también diseñaron un plan para defenderse tras conocer que, el 1 de junio, la Contraloría emitió un informe con indicios de responsabilidad penal.
En uno de los audios, ambos dicen que la prioridad es que no persigan a las personas que para entonces ya estaban detenidas por la Policía Nacional.?
Para la Fiscalía, esa fue una forma de “ir protegiendo a los funcionarios del Secob, para que ellos después no vayan a hablar” e inculpar al resto. Los datos de la entidad muestran que en este caso operó una red delictiva, supuestamente dirigida por Mendoza y por Azuero.
A través de los diálogos, las investigaciones determinaron que los hoy imputados además hablaron de “tumbar” a un fiscal de Pedernales. No hay más datos al respecto, pero los agentes lo relacionan con indagaciones sobre esta trama.
Para aclarar estos detalles, la Fiscalía solicita a la Asamblea información de ocho legisladoresy del exasambleísta Daniel Mendoza.?
En el impulso fiscal se piden copias certificadas de la documentación existente en las carpetas registradas dentro de la Coordinación General de Talento Humano del Legislativo.
Como parte del proceso se realizó además una pericia para extraer la información que consta en una computadora.
La diligencia se cumplió en el Centro de acopio del laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses en Quito.
También está vigente una orden judicial para realizar una pericia a todos los indicios que se encuentran en cadena de custodia. Estos se hallan en el centro de acopio temporal de evidencias de la Unidad de Lavado de Activos.
La idea es hallar elementos para saber cómo actuó esta red delictiva y aclarar, por ejemplo, el hallazgo de armas en el operativo del 14 de mayo. En el expediente consta una conversación de un procesado que habla sobre la compra de una pistola. Todo es analizado. (El Comercio)