Los 9 jueces de la Corte Constitucional están bajo la lupa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio, que este 6 de agosto de 2018 conoció el informe de la evaluación y dispuso que se notifique a los magistrados para que preparen su defensa.
La coordinacion de evaluación entregó al pleno del organismo el informe técnico de investigación sobre Roxana Silva, Pamela Martínez, Víctor Butiñá, Marien Segura, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana, Alfredo Ruiz, Manuel Viteri y Ruth Seni Pinoargote.
Durante la sesión, su presidente Julio César Trujillo enfatizó que los consejeros no los acusan de nada. “Estamos aprobando el informe de conocimiento de la coordinación de evaluación, no es nuestra opinión, sino de la coordinación de evaluación, los afectados podrán hacer todas las observaciones… Nosotros no los acusamos de nada, ellos tienen que desvirtuar las irregularidades encontradas por los evaluadores, una vez que conozcamos el informe y la opinión de los evaluados, emitiremos la resolución respectiva”.
Según el mandato de evaluación, el pleno establecerá un plazo entre 3 y 10 días para que los jueces presenten por escrito sus pruebas de descargo, luego vendrá una audiencia pública.
Por ahora, el informe tiene carácter reservado, no se conoce si incluye información de la Fiscalía sobre las indagaciones abiertas contra algunos de los magistrados por prevaricato.
El juez Viteri es investigado por enriquecimiento ilícito, a raíz de un informe de Contraloría, emitido en 2011, y otra reciente por lavado de activos, abierta tras un reporte de operaciones injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
Las juezas Silva y Ordeñana también son indagadas por lavado de activos.