Un sabor agridulce paladean los sectores políticos en cuanto a la forma en que la Asamblea cumple con su función de fiscalización: ha enfocado ese rol hacia afuera y ha dejado en segundo plano las denuncias que pesan en contra de asambleístas sobre el cobro de “diezmos” a sus colaboradores. Es la impresión que amarga incluso a los propios legisladores.
Tras la oleada de denuncias del año pasado, han aparecido nuevos reclamos. Se han hecho públicas a través de redes sociales, pero han llegado a la Justicia. Las dos últimas, contra Rosa Orellana y Karina Arteaga, ya se presentaron tanto ante Fiscalía como ante el Parlamento. Pero el Legislativo, según las voces de protesta internas, ha hecho oídos sordos. A la asambleísta de Alianza PAIS, Rosa Orellana por la provincia de El Oro, le acusa su exasistente, Fausto Loja. Dice que le cobraba 1.000 dólares mensuales de un sueldo de 1.394 dólares que recibían de su trabajo en el Legislativo. La denuncia está en manos de Litardo. EXPRESO trasladó la acusación a Orellana para recabar su versión, pero no respondió a los requerimientos. En tanto, a Karina Arteaga de Manabí, la acusa su excolaboradora Verito Pinoargote de requerirle dinero y de que deposite 2.861 dólares de su sueldo en la cuenta de Jhon Álava, esposo de la legisladora.
Karina Arteaga, también de PAIS, sí respondió a Este Diario y aseguró que son denuncias infundadas y sin ningún sustento. Que han aparecido con el único afán de “manchar su honra y su reputación”, sin precisar de quién o de quiénes vendrían estos ataques. “He presentado todas las pruebas a la Fiscalía que desvirtúan la acusación que se ha presentado en mi contra”, dijo.
Sin embargo, en el Legislativo hay malestar por la falta de respuesta de las entidades de control. El asambleísta Fabricio Villamar (Ind) recordó que en noviembre del 2018 presentó en Fiscalía una denuncia para que se investigue a varios asambleístas de este período legislativo y de anteriores. Ante la demora, ha solicitado al Consejo de la Judicatura investigue a los fiscales. Cabe recordar que la exfiscal encargada, Ruth Palacios, informó que las investigaciones sobre cobros ilegales en el Legislativo provocaron el inicio de indagaciones de 19 parlamentarios. “Con estos dos (Orellana y Arteaga), en total son 24 casos en Fiscalía que duermen el sueño de los justos y se evidencia una vez más que el impulso fiscal es discrecional, que como son casos del oficialismo y sus mayorías, no pasa nada”, afirmó el asambleísta, Juan Cristóbal Lloret (RC).
Villamar y Lloret consideran que la Asamblea debe exigir a los organismos de control respuestas rápidas y que la fiscalización llegue al Parlamento. (Expreso)
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