La Corte Constitucional (CC) inició el control de la constitucionalidad del estado de excepción del sistema de rehabilitación. Esto es porque esa medida dispuesta por el presidente Lenín Moreno suspendió el derecho de inviolabilidad de correspondencia o el de asociación.
Según el Gobierno, se busca atender las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derechos de los privados de la libertad.
Dispuso, además, la movilización hacia las cárceles de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía para, en el marco de sus competencias, ejecutar acciones necesarias que permitan mantener el orden y prevenir la violencia.
El pasado lunes 20, en sesión extraordinaria del pleno de la CC, fue sorteado el caso. Un juez elaborará una ponencia que pondrá a consideración del pleno, que dictaminará la constitucionalidad. La CC no especificó el nombre del juez ni el plazo para resolverlo.
La decisión de establecer el estado de excepción surgió tras hechos violentos que se han registrado en las cárceles del país y que han dejado diez muertos en esos centros.
“Para llegar al primer filtro tienen que ser ya procesados, esa es nuestra responsabilidad, el exterior, dice la ley, dice sus competencias en el decreto, lo dicen las leyes, y el primer filtro es parte de la seguridad interior; por consiguiente, no podemos hacernos cargo de parte de seguridad interior y la otra parte que quede con la Policía, no hay factibilidad de que se excluya al primer filtro de la seguridad interior”, mencionó.
Para Jarrín, el problema en el interior de las cárceles se produce por siete bandas que se disputan el liderazgo y que utilizan a sicarios y actos delictivos, a más del hacinamiento o de la falta de servicios. Las últimas muertes de reclusos han sido ligadas a estas disputas.
Jarrín dio a conocer además resultados del trabajo militar en seguridad y defensa. Por ejemplo, señaló que dos avionetas, vinculadas al narcotráfico, por eludir la persecución se han accidentado en territorio nacional. (El Universo)