Altos exfuncionarios del Estado estarían vinculados a una supuesta red de corrupción en el proceso de rehabilitación integran de la Refinería de Esmeraldas, según un informe aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). La Refinería entró en operación en septiembre de 1977 y tuvo dos ampliaciones (1987 y 1997).
El proyecto “Rehabilitación Integral de Refinería Estatal Esmeraldas” fue aprobado por el Directorio de PETROECUADOR en agosto de 2006, con un plazo de ejecución estimado de 2 años; sin embargo, culminó en diciembre de 2015, al cabo de nueve años y cuatro meses aproximadamente. En ese período, el presupuesto del proyecto se incrementó de USD $127´053.000 a USD 1.712´835.027,76. Esto significó un incremento de más del mil por ciento (1.348 %) en el costo total.
En el mismo período se emitieron múltiples declaraciones de emergencia desde la Presidencia de la República, Presidencia Ejecutiva de Petroecuador, Vicepresidencia de Petroindustrial y Gerencia de Refinación de EP Petroecuador, con la finalidad de obviar procedimientos de contratación establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su Reglamento; y proceder a contrataciones directas de construcción de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que se requerían para superar las situaciones de emergencia.
Para la ejecución de este proyecto, se recurrió principalmente a la aplicación del “GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO”, que es una modalidad de contratación pública bajo régimen especial, apartado de los principios y otros procedimientos contractuales previstos en la LOSNCP y su Reglamento.
El objetivo de esta modalidad de contratación era proporcionar “dinamismo y agilidad” a las contrataciones del Estado en el área hidrocarburífera; sin embargo, se convirtió en una práctica para encubrir manejos poco transparentes: contratos otorgados a compañías en forma directa; contratos complementarios; convenios de pago; subcontrataciones sin autorización de la entidad contratante; discrecionalidad en el gasto; participación de empresas en actividades para las que no están calificadas; sobreprecios; entre otros.
Entre los hallazgos, el informe detalla el caso de la empresa TESCA, que se encontraba registrada como contratista fallida en el portal de compras públicas desde el 17 de diciembre de 2014, pero se le otorgó un nuevo contrato en el proceso de rehabilitación de la Refinería Esmeraldas.
Además, se indica que se gestionaron créditos externos a nombre de EP Petroecuador, como el de la Empresa Noble Americas Corp. (crédito de USD $1.000´000.000), a cambio del suministro de naftas de alto octanaje y diesel premium, supuestamente para el financiamiento de los programas de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, sostenimiento de las plantas de refinación y el proyecto de Construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca; sin embargo no existe evidencia de que el dinero entregado se hubiere invertido en los proyectos antes mencionados.
Tal como en otros casos emblemáticos, investigados por el CPCCS-T, la Auditoría Interna, las Unidades Legales y Financieras de la empresa pública no prestaron la atención debida a los procesos de contratación y no precautelaron los intereses del Estado. Carlos Polit, en su calidad de titular de la Contraloría General del Estado, no cumplió su obligación de control. Tampoco lo hizo Galo Chiriboga Zambrano, tanto en su calidad de exfiscal, como expresidente Ejecutivo de Petroecuador y exministro de Energía y Minas.
El CPCCS-T, solicitará a la Fiscalía General del Estado (FGE) acelerar los procesos de enjuiciamiento e investigar un presunto peculado en las conductas y actos ejecutados por Alex Fabricio Bravo Pachano, Carlos Pareja Yannuzzelli, Diego German Tapia Ayala, Marco Gustavo Calvopiña Vega, Marcelo Patricio Reyes López, Pablo Humberto Romero Quezada, Diego Rovere Buitrón, Carlos Luis Quinde Alejandro, Raymond Falcón Jr., Jaime Patricio Morillo Wellwnius.
Además, remitirá el informe a la Contraloría General del Estado (CGE), para que se explique el motivo por el cual hasta la presente fecha no se remite a la Fiscalía General del Estado un total de 9 Informes con Indicios de Responsabilidad Penal, elaborados por los auditores de la Contraloría.
Adicionalmente, solicitará a EP Petroecuador que revise y tome acciones inmediatas sobre los procesos administrativos mal ejecutados y administrados por funcionarios de la empresa pública, que vulneraron el sistema económico, financiero y legal, causando graves perjuicios al Estado ecuatoriano. (Ecuador Inmediato)
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