El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) transitorio aprobó este miércoles, el informe de investigación del uso de recursos utilizados en la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016, y entre las conclusiones se plantea investigar al exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reconstrucción Productiva, Carlos Bernal Alvarado, por el presunto cometimiento de cuatro delitos.
Entre estos están peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Esto se desprende de un informe de investigación elaborado al interior del Consejo de Participación que fue aprobado este martes, y que se presentará a la Fiscalía General y a la Contraloría General para su investigación.
Según este expediente, Bernal consta como fundador junto a su madre Carolina Alvarado Daza, de la empresa Construhidrocab; el cuñado Xavier Vélez Ruperti, como representante legal y su esposa Denisse Vélez Ruperti, accionista.
El mismo Bernal como secretario Técnico habría contratado a esta constructora por un monto aproximado de $ 398’ 700.000 para la implementación de obras relacionadas con la reconstrucción.
También se detalla un presunto enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria por parte del contratista Ramiro Galarza Andrade, a quien se le asignaron obras por un valor que bordeó los $ 284 millones a título personal o como representante de 40 compañías y consorcios.
Este contratista que habría tenido relaciones comerciales del 2016 al 2018 con la empresa Construhidrocab- había edificado obras con “anomalías técnicas en la infraestructura, e incremento de costos a través de contratos complementarios”.
La exsecretaria de Gestión de Riesgos y exgobernadora de Manabí, Susana Dueñas, también es mencionada en el informe como involucrada en el presunto delito de tráfico de influencias, enriquecimiento privado no justificado y deafraudación tributaria por haberse detectado “un incremento patrimonial a través de la empresa Wadusa de propiedad de su hermano, José Antonio Dueñas y de su cuñada María Zambrano Vargas”.
Estas empresas aparecen con contrataciones con entidades como el Ministerio de Vivienda de Manabí, la empresa Pública de Construcción Manabí Construye por un valor aproximado de $ 9 millones.
Al final de esta lectura, el presidente del CPC, Julio César Trujillo lamentó las revelaciones y pidió a los jueces y fiscales que tengan “lástima” del Ecuador y aceleren los procesos de investigación para que se determinen responsables.
“Yo me encargaré de hacer llegar a la Fiscalía mi preocupación, que en el gobierno de Rafael Correa… que Correa venga a rendir a cuentas de esto, dónde están tantos millones de dólares” se preguntó.
La consejera Myriam Félix reclamó que se “desperdiciaron los recursos en cuatro sinvergüenzas que se llevaron la plata”. (El Universo)