Una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) se encuentra en Ecuador para evaluar la libertad de prensa e investigar las restricciones y amenazas a medios y profesionales nueve meses después de que Rafael Correa entregara el Gobierno a Lenín Moreno.
La misión, de alto nivel y que permanecerá en el país hasta el próximo viernes, inició hoy formalmente en la ciudad de Guayaquil sus reuniones con periodistas, asociaciones y medios de comunicación para conocer de primera mano la situación que atraviesa el sector y valorar si el Ejecutivo de Moreno cumple con sus promesas de mayor respeto a la labor periodística.
«Existe una preocupación sobre la situación de la libertad de prensa en Ecuador desde la administración de Correa, vinimos varias veces a hablar con periodistas e intercambiar impresiones», manifestó a Efe Joel Simon, director ejecutivo del CPJ.
Precisó que el objeto de la visita es comprobar si el estado de la libertad de prensa ha variado desde entonces: «Ahora hay una nueva administración y un nuevo discurso, y hemos venido para ver esa realidad».
El CPJ es una organización independiente y sin fines de lucro que defiende la libertad de prensa en todo el mundo.
Ecuador figuraba como el tercer país con menos libertad de prensa en la región solo por detrás de Cuba y Venezuela, de acuerdo al último informe de Freedom House que abarca hasta diciembre de 2016, aún bajo el Ejecutivo de Correa.
«En la época de Correa había sin duda una amenaza a la libertad de expresión, que llegó a ser una preocupación primordial a nivel internacional», señaló Simon al enumerar una serie de factores como la «confrontación, cambios en la legislación, procesos jurídicos y multas a los medios. Estado -que a su juicio- creó una situación de preocupación muy alta».
En el centro del debate acerca de su posible modificación, se encuentra la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), vigente en este país desde 2013 e impulsada por el propio Correa que gobernó entre 2007 y 2017. Oficialmente tenía por objetivo regular la actividad para evitar mala praxis.
Sin embargo, colectivos y organizaciones de periodistas denunciaron que se trató de una «ley mordaza» para limitar su ejercicio, y que de facto se convirtió en herramienta de persecución a medios y profesionales y limitó considerablemente la libertad de expresión y prensa ante el temor de recibir sanciones.
«Queremos saber cuáles son las posibles reformas a la Ley de Comunicación, cuáles son los riesgos legales que enfrentan los periodistas aquí», afirmó el director ejecutivo del CPJ.
César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), confió en que la presencia del CPJ en Ecuador sea «el preludio de la visita de los relatores de la libertad de expresión» y consideró que su importancia se deriva del hecho de que «es justamente la primera misión que se hace durante el Gobierno el presidente Moreno».
«El reto es marcarnos una agenda de transformaciones positivas, cómo dejar atrás la institucionalidad heredada del correísmo y las leyes que están aún vigentes y afectan al estado de la libertad de prensa en el Ecuador», manifestó el responsable de Fundamedios, que patrocina dos comparecencias de la delegación del CPJ en Quito.
La delegación, que integran además Ricardo Uceda, director del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y Anya Schiffrin, profesora de la Universidad de Columbia, tiene previsto sostener encuentros con el secretario nacional de Comunicación de Ecuador, Andrés Michelena, y miembros de la Asamblea Nacional. EFE