La vejez de Angelita Carabajo transcurre entre la pobreza extrema y la angustia de saber que vive en un galpón junto a la casa que, según asegura, le quitó un sacerdote con engaños.
En la audiencia judicial del pasado viernes, el Tribunal no dio paso a su acción de protección luego de que los abogados defensores del cura dijeran que no se violentó ningún derecho constitucional.
Para una mujer de 76 años con el 54 % de discapacidad física vivir en un cuarto de madera donde todo está alborotado no es fácil. En un mismo espacio duerme sobre algo que se parece a una cama y cocina los alimentos que consigue mendigando en una vieja cocineta. Cuenta que en las noches el viento ingresa por medio de un techo plástico lo que agrava su estado de salud, eso sin contar que no cuenta con los servicios básicos que la ayuden a vivir con dignidad.
Incluso el olor que desde ahí se emana es tan penetrante que no permite respirar con tranquilidad. En medio de la visita un perro callejero entra a la casa e intenta comer alguna sobra de comida, pues todo está al alcance. Los panes duros, la colada regada y el aceite en el piso. Aquí todo es un peligro para alguien de la tercera edad que no tiene los reflejos para reaccionar ante algo inesperado.
Aunque las afecciones físicas son evidentes, las psicológicas son más. Cada vez que sale o entra de esa galpón, de bloques y tablas, observa que está detrás de la casa que le habrían despojado, ubicada en el barrio El Carmen de Sinincay, ubicado al norte de Cuenca.
María Uday Cabarajo, prima de Angelita, vive en Quito y es una de las personas más cercanas a la anciana mujer. Cuenta que habló con abogados, sacerdotes de la orden salesiana en la capital, pero nadie le prestó atención, aunque conocían muy bien del presunto despojo por parte de un religioso de esa orden. «Me fui, pedí audiencia y solo salieron otros curas que me decían: ‘Ya estamos enterados de todo, usted que es creyente ponga las manos a Dios'», dijo.
Tanto en los juzgados como afuera de su casa Angelita ratifica que se confesó con el sacerdote Ángel L. B. para que la ayudara a ver a alguien que le pueda ayudar a mantener su casa, porque luego de rodar tres metros quedó con una lesión.
Asegura que por esos días vivía en la parroquia Checa y Ángel L. B. le iba a ver para exigirle que le diera la firma, pero «como yo no sé de leyes y aparte soy sorda, me han hecho una estafa grande», asegura.
En el Tribunal, el abogado defensor del clérigo demostró que el contrato en el que Angelita puso su huella digital es legal y que al no estar el nombre del sacerdote no tenían por qué involucrarlo. El contrato en el que Angelita vendió la casa por $9000, que nunca recibió, fue con Nohemi Deifilia C. A.
Inés Fuela, vecina de Angelita, sabe de la condición social de la mujer. La conoce desde el 2013 cuando empezó el litigio y la ha visto vivir de la caridad. Recuerda que primero vivió en una construcción y luego se pasó a ese lugar. «Una persona pobre se habilita, pero esto es deprimente, no es para ella».
Los abogados defensores de Angelita pidieron una ampliación y aclaración a la sentencia emitida por los jueces Patricia Inga, Pedro Ordóñez y Pedro Santacruz, quienes fundamentaron su decisión en que según la Constitución, no existió tal vulneración. (El Universo)