La desaparición de un cadáver en un hospital de Guayaquil motivó la presentación de la primera demanda de acción constitucional contra Gobierno.
Los dardos apuntan al ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos; y al gerente del hospital General del Guasmo, Álvaro Ponce, entidad involucrada en el hecho.
La medida fue planteada por la familia de María Antonieta Piña Reyes, quien el pasado 23 de marzo acudió a la casa asistencial del Guasmo para atenderse en consulta externa. Al detectarse que la adulta mayor había contraído el COVID-19 fue asilada en el nosocomio.
Desde esa fecha, la familia de Piña recibió poca información del estado de su ser querido.
Su hija Nelly Chóez recordó que personal de Estadística del hospital le comunicó el 6 de abril que su progenitora había fallecido. Desde entonces se desconoce la ubicación del cuerpo.
“Este caso es uno de cientos que se han registrado en Guayaquil, lo que significa que se han vulnerado los derechos constitucionales y humanos. Todos tenemos derecho a una cristiana sepultura”, expresó José Flores Sánchez, abogado que representa a la familia de la desaparecida.
El jurista señaló que el Derecho a la Verdad está consagrado por la Comisión Internacional Derechos Humanos.
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