Ecuador ha gastado en subsidios de combustibles (gasolinas, diésel y gas) $ 54.269 millones entre 2005 y 2018. Se trata de una millonaria cantidad equivalente al 50 % del PIB y que llega prácticamente al total de la deuda externa actual.
La cifra nace del cálculo realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas, con base en los datos de Petroecuador, tomando en cuenta no solo los costos de producción e importación, sino también los costos de oportunidad, es decir, la diferencia entre el precio interno y el internacional, multiplicado por la cantidad vendida de combustibles.
La semana pasada, el Gobierno anunció la eliminación del subsidio a la gasolina extra, ecopaís y al diésel. La súper ya estaba liberalizada y el gas no se toca. El anuncio causó malestar social y protestas fuertemente reprimidas. Los transportistas realizaron dos días de paro.
Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de julio, los subsidios aparecen en Ecuador en 1974, cuando el alza de los precios internacionales llevaron a un aumento de los ingresos del Gobierno. En ese momento, el régimen militar introdujo subsidios a los combustibles para fortalecer su poder y apoyar a los hogares vulnerables. El BID indicaba en ese momento: “La eliminación de estos subsidios produciría claros beneficios económicos y ambientales, ayudando a cumplir los objetivos climáticos establecidos en el Acuerdo de París. Sin embargo, los posibles efectos adversos en los hogares vulnerables pueden dificultar políticamente las reformas”. Y explicaba que era posible aminorar el impacto con transferencias económicas a los más vulnerables.
Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, recuerda que el país adoptó la política de subsidios a los combustibles a través de la Ley de Hidrocarburos, que era una copia de otros países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y que establecía el subsidio. Adicionalmente, al construirse la Refinería de Esmeraldas había la ventaja de que Ecuador se abastecía con el combustible refinado y el subsidio no era tan representativo, era tolerable. El problema surgió cuando por un lado, Ecuador comenzó a consumir derivados por sobre lo que refinaba, y cuando se registraron los altos precios del petróleo de hasta $ 100.
Para Santos es importante hacer notar que el subsidio, que beneficiaba a los usuarios, también multiplicó el contrabando. Explicó que, por ejemplo, desde el 2004 y 2005 los países vecinos ya subieron al doble y triple el precio de estos combustibles en comparación con el Ecuador. Explicó que el tema de la eliminación u optimización de los subsidios estaba previsto en la Carta de Intención, pero en el 2021. Sin embargo, la imposibilidad política de llevar adelante el incremento del IVA adelantó esta medida.
La idea de la eliminación u optimización de los subsidios no es nueva. Un estudio del Ministerio Coordinador de la Producción, del Gobierno anterior (2010), encaminado a sondear los escenarios sobre subsidios, relata que entre 2000 y 2003 los diversos gobiernos ajustaron el precio de los combustibles y del gas licuado cinco veces. En ese informe se indica que desde que subieron los precios, la operación de Petroecuador se vio afectada porque se le obligaba a la estatal a cubrir la diferencia entre el precio de venta interno y los precios de importación.
También se indicaba que la estructura vigente de subsidios favorecía a los grupos con mayores ingresos que consumen más combustibles y reciben los mayores beneficios. Se afirma que 85 % de la gasolina subsidiada beneficia exclusivamente al quintil más rico de la población y que el subsidio del GLP (gas) beneficia cinco veces más al quintil más rico que al quintil más pobre.
¿Pero es posible cuantificar la pérdida de recursos por el contrabando?
Según un cálculo no definitivo de Finanzas, en Ecuador se pierden al menos $ 212 millones en contrabando de diésel y gasolina. El cálculo se basa en el consumo de galones por persona en las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, El Oro, Loja y Zamora. Ahí el consumo es de 14 galones mensuales, mientras que en el resto del país es de 10 galones. Si se multiplica por el número de habitantes se calcula que en esas cinco provincias se consumen unos 33,4 millones de galones al mes, cuando si se apegaran a la media del país solo deberían ser 23,9 millones. Así, habría 9,5 millones de galones que no deberían haberse consumido. Eso representa 114,6 millones de galones anuales sin destino cierto, y que equivalen a los $ 212 millones antes mencionados. (EL UNIVERSO)
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