El Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y al presidente del organismo, Hernán Ulloa, por incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la elección de Contralor y por la falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial.
La decisión legislativa contó con el respaldo de 85 votos afirmativos, 2 en contra, 2 blancos y 28 abstenciones.
Con esta resolución, que será notificada al Ministerio de Trabajo, los referidos no podrán ejercer ningún cargo publico durante dos años, así lo estipula la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Los asambleístas Mireya Pazmiño y Ángel Maita, en su condición de interpelantes, justificaron la legalidad del juicio. Pazmiño insistió en que los cuatro consejeros reformaron el Reglamento para nombrar al Contralor General del Estado “luego de iniciado el proceso, con la convocatoria a las veedurías, ya no era posible cambiar las reglas de juego”.
De su lado, Ángel Maita aseguró que “no se puede pasar por alto el que una consejera de CPCCS haya mantenido conversaciones secretas con una de las integrantes de la terna para la designación de Superintendente de Ordenamiento Territorial, lo que lesiona la transparencia del proceso, por cuanto la transparencia está basada en la honestidad e integridad de los funcionarios públicos”.
A su turno, los consejeros Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo Macías y Hernán Ulloa cuestionaron la falta de motivación del enjuiciamiento político en su contra.