Un nuevo ataque contra un funcionario del país se registró el domingo 14 de julio, el tercer caso en menos de una semana. Este hecho ocurrió en Riobamba, donde un concejal fue asesinado con 3 disparos. La víctima llegaba a la casa de su madre cuando recibió los impactos de bala.
El 10 de julio, Carlos Karolys Piedrahíta, fiscal del cantón Daule, fue asesinado en el intercambiador de tránsito de la vía Daule y la Perimetral, en el norte de Guayaquil, tras ser seguido por un vehículo desde el que dispararon en al menos 12 ocasiones.
Dos dias después, la mañana del 12 de julio, Jorge Safadi Mendoza, defensor público del cantón El Carmen, provincia de Manabí fue herido con dos impactos de bala.
El 8 de julio de este año, en su cuenta de Twitter, la ministra del Interior, María Paula Romo, mostró fotografías y mensajes con los que hizo públicas las amenazas de muerte e insultos hacia ella y hacia los agentes de la Policía que controlan la zona de minería ilegal en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura.
Son hechos que preocupan y alarman a la ciudadanía y a las autoridades. Pero, ¿qué medidas de seguridad se pueden tomar para evitar estos atentados contra la vida?
Gobierno plantea brindar seguridad policial a fiscales
Según Ángela Suárez, catedrática y abogada en libre ejercicio, en la legislación ecuatoriana no existe protección para el funcionario judicial o fiscal. Explicó que pese a que la Fiscalía cuenta con el sistema de protección a víctimas y testigos, el programa es por un tiempo determinado.
«No existe un agravante si matan a un funcionario, no existe nada en la Constitución ni en el COIP», manifiesta Suárez. La abogada indica que se deberían realizar reformas a las leyes vigentes en el país.
Así mismo, Jhon Garaycoa, experto en seguridad, explica que es necesario que los funcionarios públicos se mantengan alertas y de ser posible acompañados de una persona que sea su protector durante su jornada laboral.
Tras el asesinato de Karolys, el gobierno ecuatoriano analiza brindar seguridad policial a los agentes fiscales. La propuesta la dio a conocer el gobernador de Guayas, Raúl Ledesma.
Mientras tanto, las autoridades aún desconocen los motivos de los ataques mencionados. (Ecuavisa)