La Corte Nacional de Justicia de Ecuador fijó para este viernes 10 de mayo una audiencia preparatoria de juicio en el marco de un proceso que se sigue contra la exasambleísta correísta Sofía Espín, prófuga de la Justicia en Bolivia, por el supuesto delito de fraude procesal, dijeron a la agencia EFE fuentes del tribunal.
El juez nacional de Garantías Penales, Iván Saquicela, solicitó esa vista de evaluación previa a la apertura de juicio contra Espín y la abogada Yadira Cadena, una vez concluido el período de 120 de la instrucción fiscal.
En diciembre pasado la Fiscalía General de Ecuador formuló cargos contra Espín, que pertenecía al movimiento del expresidente Rafael Correa (2007-2017), y Cadena por un presunto delito de tráfico de influencias.
El Ministerio Público consideró entonces que ambas visitaron a una testigo protegida, Diana Falcón, para presuntamente «ofrecerle su ayuda a cambio de que se retracte» de una versión que implicaba al expresidente en el secuestro en 2012 del opositor Fernando Balda.
Ambas procesadas tenían prohibido salir del país y debían presentarse semanalmente ante la autoridad competente en el lugar de su residencia, como medidas cautelares. Sin embargo, Espín incumplió en enero las medidas y la Corte dictó por ello una orden de prisión preventiva en su contra, conociéndose posteriormente que se había fugado a Bolivia, pasando a engrosar el listado de afines y exfuncionarios públicos vinculados con Correa señalados por la justicia y que abandonaron el país.
Tanto Espín como Cadena son acusadas de presionar a la exagente Falcón mediante ofrecimientos de dinero, asistencia letrada y asilo, para que cambiara su versión y no involucrara a Correa en el plagio de Balda. La causa se inició por el presunto cometimiento del delito de oferta de tráfico de influencias, sin embargo, se produjo una reformulación de cargos y concluyó bajo la definición de fraude procesal en grado de tentativa.
En su testimonio anticipado como testigo de cargo, Falcón indicó que Espín y Cadena la visitaron en la prisión donde se hallaba recluida el año pasado y ofrecieron un abogado para su defensa, asistencia económica, la tramitación de un asilo en Bélgica -donde reside Correa- o apelar a la ONU en busca de amparo.
Tanto Espín como Cadena han negado las acusaciones y, aunque admiten haber visitado a la testigo protegida para verificar su situación humanitaria en la cárcel, aseguran que todo es una persecución de enemigos políticos del correísmo. El caso llevó a que en noviembre pasado Espín fuera destituida como asambleísta del Parlamento ecuatoriano. (El Telégrafo)