La Fiscalía del Estado inició una indagación previa por el uso de los aviones presidenciales en el gobierno anterior en base a un informe de responsabilidad penal enviado por la Contraloría.
El anuncio lo hizo este lunes 1 de abril la fiscal encargada, Ruth Palacios, en rueda de prensa en Quito, en la que, además, defendió su gestión.
Según la funcionaria, su gestión ha sido “eminentemente técnica y profesional” porque no representa ni es parte de ningún sector político.
En las conclusiones del informe de la Contraloría sobre los aviones presidenciales, se señalan varios viajes del Legacy y del Falcon 7X con destino en paraísos fiscales como Panamá, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana, Granada, Antigua y Barbuda, Bahamas, Cabo Verde, Belice, Dominica, Emiratos Árabes Unidos y Luxemburgo.
En el Informe de Responsabilidad Penal, los auditores de la Contraloría desconocen si estos viajes fueron oficiales o no, y sostienen que en muchos casos no existen documentos de respaldo sobre el peso y la carga. (El Telégrafo)
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