En el dictamen se establece que, el comunicador junto al empresario Juan Pablo Paz, además de cumplir con la pena privativa, deberán pagar USD 80 000 como reparación integral por los supuestos daños a la «reputación digital» del demandante.
Muentes demandó a Lizarzaburo por presuntamente haberlo calumniado a través de Twitter.
Su fundamento se basa en una nota periodística publicada por el portal Guayaquil News en la que se menciona al exasambleísta como posible cercano a uno de los involucrados en una supuesta venta irregular de terrenos en Durán, en Guayas.
«En la nota yo mencioné que Pablo Muentes es primo hermano del cuestionado de haberle quitado la tierra a una persona», señaló el periodista.
Según comentó Lizarzaburo , el juez dictaminó la sanción a partir de unos retuits (tuis compartidos) que correspondían a mensajes de la autoría de otra cuenta.
Lizarzaburo considera que la sentencia del juez de Samborondón, Carlos López Vulgarín, es ilegal.
«Nunca me notificaron ni recibieron mi versión (…) me enteré por casualidad luego de la sentencia», expresó.
Mientras continúan con el proceso de apelación, los sentenciados se mantienen en contacto con organismos internacionales para buscar ayuda legal a lo que ellos consideran como «un atentado contra la libertad de expresión«.
Consejo de Comunicación reaccionó
El Consejo de Comunicación difundió un comunicado este martes, 6 de junio de 2023, en el que «rechazan el uso del Derecho Penal como vía para restringir la libertad de expresión y opinión.
Según la entidad, la sentencia en contra de Lizarzaburo «genera efectos disuasivos e intimidantes para el ejercicio periodístico».
La institución aseguró que acompañará al periodista durante la asistencia legal a través de los organismos externos al país.
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