Autoridades y operadores judiciales de Ecuador y Perú se reúnen en el cantón Arenillas (provincia de El Oro) con el propósito de coordinar estrategias conjuntas para combatir la trata de personas.
Organizado por el Consejo de la Judicatura (CJ), el II Encuentro Binacional de Operadores de Justicia Ecuador-Perú Sobre Trata de Personas, se inauguró este viernes 19 de octubre con la presencia de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
También asisten delegados de organizaciones involucradas en la erradicación de este delito, del movimiento de mujeres, de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil. En total, participan alrededor de 200 personas.
Angélica Porras y Aquiles Rigail, vocales del Consejo de la Judicatura de Ecuador (CJ), destacaron la importancia de esta reunión que permitirá establecer políticas públicas binacionales para proteger a las víctimas de la explotación de personas.
La vocal Porras, impulsora del evento, disertó sobre la importancia del enfoque de derechos humanos en la administración de justicia para la protección de víctimas de trata. Recordó que la normativa internacional obliga a los Estados a tomar acciones para combatir este delito que utiliza a niñas, niños y mujeres, para la explotación sexual o laboral.
Sostuvo que, “para evitar que la trata de personas siga afectando a nuestros ciudadanos, es importante tomar acciones concretas, elaborar acuerdos, protocolos de atención, de intercambio de información, así como emprender una campaña con toda la sociedad”.
El doctor Rigail por su parte recordó que la trata de personas es un delito que está apalancado por otros como el tráfico de drogas y el comercio ilegal de armas.
Señaló que por esta razón, es necesario que jueces, fiscales y demás operadores de justicia unan esfuerzos a nivel internacional para perseguir y sancionar a los responsables de la explotación de seres humanos.
El Primer Encuentro Binacional sobre esta temática se realizó en septiembre de 2017 en la ciudad peruana de Tumbes, pues ambos países, junto a otros del continente, son signatarios del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
La trata de personas es una problemática que se agudiza en zonas de frontera y la bilateral Ecuador-Perú no es la excepción.
Este delito que es ejecutado por mafias transnacionales, reporta una ganancia mundial anual de más de 32.000 millones de dólares, según datos de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNO-DC).
Asimismo, cada año, entre 600.000 y 800.000 personas son desplazadas dentro de sus países o a través de las fronteras, para ser sometidas a todo tipo de explotación. En Ecuador, entre 2014 y 2017, se reportaron 634 casos, en su mayoría las víctimas son mujeres y niñas de Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas, Quevedo, Otavalo, Machala, Huaquillas, entre otras.
En el encuentro de Arenillas, se abordan temas fundamentales como la protección de los derechos de la víctima y la no impunidad.
Previo a esta jornada, el 17 de 18 de octubre se realizaron capacitaciones, desde el enfoque de protección de derechos, a unos 80 operadores de justicia, en la ciudad fronteriza de Huaquillas.
El Consejo de la Judicatura tiene previsto replicarla en las provincias de Sucumbíos y Esmeraldas.
Entre los delegados peruanos asisten el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Perú Valentín Jiménez; el presidente de la Corte de Amazonas, Alejandro Espino; el presidente de la Corte de Piura, Jorge Hernán Ruiz; la jueza Suprema del Poder Judicial, Janet Tello; y, otros destacados personajes del ámbito judicial del vecino país. Al término del encuentro se firmará la Declaración de Arenillas.