La Ecuarunari, una de las filiales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), advirtió hoy, martes 5 de noviembre del 2019, que alista una demanda contra el Gobierno en instancias internacionales por los hechos relacionados con las protestas que se dieron entre el 3 y el 13 de octubre de 2019.
“Vamos a emprender una demanda para que (el Gobierno) pueda responder sobre estos actos de criminalización de la protesta social, de judicialización, de encarcelamiento a nuestros compañeros”, expresó Gustavo Tenesaca, uno de los dirigentes.
En una rueda de prensa, Tenesaca responsabilizó al Ejecutivo de la pérdida de la vista de unas 80 personas, según dijo, como producto de la actuación de la Policía que repelió a las manifestaciones con gas lacrimógeno.
Edwin Bedoya, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores, por su lado, exigió la salida de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrión. A su vez, rechazó los procesos judiciales contra algunos de los dirigentes de las violentas protestas.
“No puede ser que en un ambiente en donde se quiere privilegiar el diálogo empiecen también las persecuciones judiciales a los compañeros dirigentes, ¡cómo se puede dialogar con una pistola atrás!”, adujo.
Para esta tarde, a las 16:00, se tiene programada la comparecencia del exdirigente de la Ecuarunari y actual prefecto del Azuay, Yaku Pérez, a la comisión especial creada por la Asamblea para investigar los hechos relacionados con el paro.
“Ojalá no aparezca algún asambleísta y me acuse de rebelión por ingresar a la Asamblea a rendir mi testimonio sobre el levantamiento indígena y popular”, tuiteó Pérez.
A mediados de octubre, el asambleísta Fabricio Villamar (exCreo) pidió a la Fiscalía que investigara al Prefecto por su presunta participación en la toma del Palacio Legislativo.
La Comisión prevé, además, recibir los testimonios del presidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua, Médicos por la Paz, de la Corporación de Floricultores del Sur, entre otros. (EL COMERCIO)