El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) volverá a las calles de Ecuador. Ángel Sánchez, presidente de las centrales sindicales, convocó a una jornada nacional de movilización programada para las 16:00 del miércoles 11 de agosto del 2021.
Anunció que la medida de hecho marcará el “inicio de múltiples protestas” frente a lo que consideran un incumplimiento del Gobierno del presidente Guillermo Lasso y de la Corte Constitucional (CC).
A los jueces constitucionales “exigen” un pronunciamiento frente a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOUI), por la que 80 maestros llevan una huelga de hambre de 23 días. Esa norma enfrenta una demanda respecto a la jubilación especial de los maestros, así como a la equiparación salarial de USD 1 000 para los docentes.
Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), cuestionó que el Ejecutivo no haya enviado delegados a la Mesa de Concertación que se estructuró en la Asamblea, para buscar una salida a la huelga de hambre por la LOEI.
El FUT, además, critica que la Corte Constitucional no se hayan pronunciado sobre la Ley Humanitaria, que entró en vigencia tras la pandemia del covid-19. José Villavicencio, dirigente de las centrales sindicales, acusó la CC de “ponerse el traje de los Gobiernos de turno”.
Al presidente Lasso, además, piden el “congelamiento” del precio de los combustibles. Actualmente está en vigencia un sistema de bandas. Para Edwin Bedoya, dirigente sindical, este sistema ha incrementado los precios de pasajes y de artículos de primera necesidad. “Si el Gobierno no toma medidas como el dialogo social, esto va a parecer o Argentina, o Colombia o Chile”, dijo Bedoya.
Dentro del pliego de pedidos también consta el rechazo a la privatización de instituciones públicas, el cumplimiento del aporte del 40% del Gobierno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Los dirigentes reconocieron que el plan de vacunación contra el covid-19 que impulsa Lasso es positivo, pero pidieron que ese plan no se convierta en una “cortina de humo” del Gobierno.
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