La crisis financiera mundial desatada en 2008 incrementó los precios de las materias primas y con ello los ingresos de varios países de América Latina y el Caribe (ALC) se catapultaron.
Al mismo tiempo sus gastos crecieron, pero fue de forma ineficiente, desembocando en una situación complicada.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publica hoy un estudio inédito sobre cómo las diferentes economías de la región manejaron el gasto público y cómo ahora se enfrentan a escenarios de ajuste y buscan alternativas para reducir los niveles actuales.
El informe sostiene que la inoperancia de los gobiernos al administrar sus recursos se tradujo en ineficiencias en las compras gubernamentales, servicios públicos y transferencias focalizadas que podrían costar hasta $ 220.000 millones al año, lo que equivale el 4,4% del PIB regional (el 16% del gasto total).
“Ese monto sería suficiente para eliminar la pobreza extrema en la región”, puntualiza el informe. Desde el año 2000 el gasto público consolidado de ALC aumentó alrededor de 6 puntos porcentuales. Hasta la fecha tiene un promedio de 29,7%, en comparación a 43,5% de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ecuador, Argentina, Brasil, Trinidad y Tobago, y Uruguay gastan más de 35% del Producto Interno Bruto (PIB). Los que menos gastan son República Dominicana y Guatemala (con menos de 20%). Los dos países que más gastan en ALC lo hacen incluso más que el país medio de la OCDE.
Lo irónico de la situación es que el PIB per cápita (gasto promedio por persona) es menos de la mitad de un país mediano de la OCDE.
Las economías industrializadas, entre 2010 y 2015, registran un gasto corriente per cápita de $ 18.281; en tanto las economías en desarrollo alcanzan $ 2.971.
La misma dinámica se mantiene al evaluar el gasto de capital per cápita. En donde los primeros desembolsan $ 1.524 frente a $ 702 de los segundos.
El BID defiende la tesis de que se puede hacer más, mejorar la provisión de servicios públicos y otras atribuciones de los gobiernos centrales, sin la necesidad de aumentar más el gasto.
La época de bonanza, principalmente petrolera, disparó el gasto en salarios del sector público y de las transferencias, las cuales son difíciles de revertir, advierte el BID.
Los salarios de los empleados públicos representan el 29% del gasto en la región, adquisiciones el 29,8% y transferencias (subsidios, ayudas y pensiones) el 29,4%.
En 2016, los gobiernos de ALC gastaron cerca de $ 450.000 millones en compras públicas. Este, y la inversión pública, es uno de los ámbitos más susceptibles de ineficiencia y corrupción.
Se estima que entre el 10% y 30% de la inversión en proyectos de construcción financiados con dinero público puede perderse por la mala gestión y corrupción.
En la OCDE oscila entre el 20% y 30%, y en la Unión Europea (UE) es del 7% al 25%. El auge de las materias primas amplió el tamaño de la participación pública el 25% en América Latina y el Caribe.
El organismo señala que el crecimiento del gasto público no necesariamente amenaza la sostenibilidad fiscal.
Pero la historia de ALC pone en evidencia que esos incrementos, sobre todo durante la bonanza, “con frecuencia han obligado a los países a ajustarse drásticamente en tiempos difíciles”.
Al respecto, el análisis concluye que algunos países caen en ajustes porque gastan más de lo que señala su grado de desarrollo sin contar con instituciones fiscales que hagan sostenible ese gasto.
Ajustar el gasto público puede ser un proceso doloroso, advierte el banco. Sin embargo, entender su composición e identificar ineficiencias puede resultar muy útil. A eso denomina “gasto inteligente”.
Resulta común que en momentos complicados la tendencia sea ajustar por la vía de la inversión pública. Pero hacerlo de forma drástica y sin orden podría comprometer la participación de la inversión privada como principal motor económico.
En esa senda, la inversión pública, fundamental para el crecimiento futuro, cayó más de ocho puntos porcentuales con respecto a los gastos corrientes. Hace temer que los gobiernos desatienden el desarrollo para las siguientes generaciones, mientras privilegian acciones a corto plazo.
Una de las recomendaciones del organismo multilateral es adoptar reglas fiscales que no solo garanticen la sostenibilidad fiscal. Por ejemplo, en Perú se delimita el crecimiento de los gastos corrientes a fin de controlar que consuma recursos que corresponden a gastos de capital. (El Telégrafo)