El próximo lunes 19 de julio, Paco Delgado, fiscal de Garantías y Personas de Manta, emitirá un pronunciamiento acusatorio o abstentivo en la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra cinco personas vinculadas a la presunta venta y aplicación de supuestas vacunas de Pfizer contra el COVID-19.
Los implicados fueron detenidos el pasado 13 de junio en Manta y Portoviejo e inicialmente se los señaló de la comercialización de los inmunizantes contra el COVID-19, pero que tras el análisis realizado a las jeringuillas con líquido en su interior -que decomisaron en ese operativo- se conoció que se trataba de cloruro de sodio.
Los vinculados en el proceso son Francisco Manuel M. A., María Belén F. M. y Luiggi Leoneris V. S., todos ellos profesionales en áreas médicas, además de Nelson Wilfrido B. Z. y Josefa Margarita P. M.
La Fiscalía General del Estado investiga a las cinco personas por el presunto delito de comercialización, distribución, importación, almacenamiento y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos de uso humano caducados. La Policía indicó que ellos presuntamente habían aplicado unas 400 dosis y que por cada aplicación de las supuestas vacunas de Pfizer habrían cobrado 25 dólares.
Delgado indicó que la instrucción fiscal culminó y este lunes 19 dará su pronunciamiento acusatorio o abstentivo para los cinco señalados en este caso, que incluso generó el rechazo de la ministra de Salud, Ximena Garzón.
“Debo emitir un pronunciamiento y de ahí (en caso de acusar) viene la preparatoria de juicio y anuncio de pruebas, que calculo serían en unos 15 a 20 días”, sostuvo Delgado.
Señaló que durante la instrucción fiscal se tomaron los testimonios de varios empleados de una empresa privada en donde indicaron que sí les aplicaron la supuesta vacuna contra el COVID-19. En esa entidad justamente se produjo la intervención policial que provocó la detención de las personas involucradas en la indagación.
De los cinco, solo cuatro guardan prisión en cárceles de Portoviejo, mientras que Josefa P., por su condición de adulta mayor, se mantiene en arresto domiciliario.
Días antes de que se cierre la instrucción fiscal, tres de los cuatro detenidos en cárceles de Portoviejo solicitaron habeas corpus y luego una apelación a la prisión, pero un juez negó esos pedidos. (El Universo)
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