El tribunal que ha decretado la libertad provisional para “La Manada”, cuya condena por un abuso grupal en San Fermín provocó una oleada de indignación, justificó su decisión en que la pérdida del anonimato de los cinco hombres hace “impensable” que vuelvan a delinquir, según el auto conocido el viernes.
La Audiencia Provincial de Navarra descartó también que exista riesgo de fuga para los cinco sevillanos, en prisión provisional desde julio de 2016, y ordenó su puesta en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros, una decisión que ha desencadenado más protestas convocadas en varias ciudades.
“La repercusión que ha tenido este caso y la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto de los cinco acusados que ello permite cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva”, dijo el tribunal.
El tribunal agregó que la pérdida del anonimato de los condenados en un caso que ha generado una indignación sin precedentes “hace poco menos impensable” que vuelvan a delinquir.
Los cinco hombres fueron condenados en abril a nueve años de cárcel por un abuso grupal a una joven madrileña en los San Fermines de 2016, pero la sentencia no es firme, y la prisión provisional es una medida cautelar que no suele prolongarse más de dos años si no hay riesgo de fuga o de reiteración delictiva.
El Gobierno español expresó el viernes su respeto a las decisiones judiciales aunque se mostró sorprendido por el fallo dada la “gravedad” de los hechos juzgados, y dijo que se plantea que los servicios jurídicos estatales se personen en defensa de las víctimas de abusos en este y otros casos.
“Los hecho probados y condenados son muy graves, son gravísimos. El Gobierno se hace eco de la alarma social (..) Nos ha sorprendido el auto”, dijo la ministra portavoz Isabel Celaá.
Tanto la acusación como las defensas anunciaron en su momento recursos contra el polémico fallo, por lo que el Tribunal Supremo es el que tiene que pronunciarse ahora sobre el caso antes de que la sentencia sea firme.
En su decisión de ponerlos en libertad, el tribunal consideró que el riesgo de fuga de los condenados podía subsanarse con otras medidas cautelares menos graves.
Además de depositar la fianza, todos los condenados, uno de ellos exmilitar y otro ex guardia civil, deberán comparecer en un juzgado los lunes, miércoles y viernes y tienen prohibido acceder a la Comunidad de Madrid, donde reside la víctima, así como cualquier tipo de comunicación con ella.
“Los acusados tienen sus domicilios a más de 500 kilómetros del lugar en que reside la víctima (…) garantizar su tranquilidad y su sosiego es algo que puede procurarse mediante la adopción de medidas menos gravosas que la prolongación de la situación de prisión provisional”, dijo el auto.
Los cinco hombres, que obligaron a realizar varios actos sexuales a una joven de 18 años contra su voluntad, fueron condenados por abusos y no por un delito más grave de agresión sexual, generando multitudinarias protestas e indignación en las calles que llevaron al entonces Gobierno del Partido Popular a anunciar que revisaría la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal.
El nuevo Gobierno socialista reiteró el viernes este compromiso de revisión de los delitos y recordó además que la primera ley que va a tramitar es de medidas urgentes para aplicar el pacto de Estado sobre violencia de género.
PRÓXIMOS RECURSOS
Tanto la Fiscalía de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona ya han anunciado que recurrirán el auto de su puesta en libertad, que ha contado con el voto en contra de uno de los tres magistrados del tribunal, quien se mostró partidario de que los acusados continuaran en prisión provisional hasta que cumplieran la mitad de la pena impuesta, es decir cuatro años y seis meses de cárcel.
El auto de libertad suscitó críticas y muestras de preocupación en la clase política tras el fallo que permitirá salir en libertad a los acusados el viernes si pagan la fianza.
Para la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, la decisión judicial manifestó “la urgencia de modificar todos lo criterios de formación de los jueces en materia de género”.
Por su parte, la candidata a la presidencia del Partido Popular María Dolores de Cospedal dijo en la red social Twitter que “ninguna decisión judicial cambiará mi compromiso en la lucha contra la violencia machista”.
Desde la formación izquierdista Podemos, su portavoz parlamentaria, Irene Montero, afirmó: “La libertad para la manada demuestra, como dice la ONU, que la justicia opera con un intolerable sesgo machista. Si los magistrados no acaban con ello, lo haremos las feministas. ¡No estamos solas!”.
“Acato la decisión judicial pero no la comparto. Es preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme”, dijo por su parte el líder del partido liberal Ciudadanos, Albert Rivera, en Twitter.
La decisión judicial provocó las primeras protestas en Pamplona y Barcelona la víspera, y el viernes varias organizaciones feministas convocaron a través de las redes sociales más concentraciones en varias ciudades españolas.
A las 19:00 horas arrancará una manifestación ante la sede del Ministerio de Justicia en Madrid, mientras que a la misma ahora también se sucederán concentraciones en Oviedo, Toledo, Valencia o Zaragoza, y más tarde en Sevilla, Córdoba o Valladolid, entre otras. (Reuters)