Los jueces Luis Antonio Rivera (ponente), Felipe Córdova y Walter Macías, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), desde las 09:00 de este martes estarán a cargo de la audiencia de juicio contra Pablo Cruz, Dany Calderón y Danilo Véliz, todos acusados de ser autores directos del delito de delincuencia organizada relacionado con el desvío de dineros que debían ser invertidos en el proyecto de construcción del hospital para el cantón Pedernales, en la provincia de Manabí.
Cruz, Calderón y Véliz son tres de los cinco procesados en esta causa contra los que aún la justicia no ha determinado una sentencia de culpabilidad o inocencia respecto de los hechos investigados. El juez de la CNJ Marco Rodríguez, el 19 de noviembre pasado, además de los tres llamados a juicio como autores directos del delito de delincuencia organizada, también llamó a juicio al exasambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero y al exsubdirector técnico del Servicio de Contratación de Obras (Secob) Jorge Jalil.
Contra estos dos últimos acusados la etapa de juzgamiento está suspendida, debido a que ambos están prófugos y el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, la fiscal general, Diana Salazar, acusó a siete personas de estar relacionadas con la organización criminal que se formó para manejar de forma ilícita dineros provenientes de la adjudicación de proyectos como el hospital de Pedernales. Pese a ello, Rodríguez solo llamó a juicio a cinco, mientras que al “no existir elementos de convicción suficientes” ordenó el sobreseimiento de Miguel Ganchozo y José Párraga.
El 9 de noviembre último, Rodríguez en el mismo caso, mediante una audiencia de procedimiento abreviado y debido a un acuerdo de cooperación eficaz firmado, sentenció a cuatro años y dos meses de cárcel al también ahora exasambleísta por Manabí Daniel Mendoza. El juez en su resolución ubicó a Mendoza y Azuero como los líderes de la organización, al mando de la estructura delictiva.
Además de Mendoza, se sentenció bajo procedimiento abreviado a su exasesor en la Asamblea, Jean Benavides; al exdirector del Secob René Tamayo; al contratista Franklin Calderón; al representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz; a Jennifer Cobeña, expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob; su excompañero Ángel Andrade y al exfuncionario público José Santos. Todos consintieron la admisión de los hechos investigados.
Por colaborar con la organización, pero debido a que se acogieron al procedimiento abreviado y a la cooperación eficaz, a Tamayo, Benavides, Véliz y Calderón se les impuso una pena de 34 meses de prisión. Mientras que Cobeña, Andrade y Santos, quienes solo se acogieron al procedimiento abreviado, recibieron una pena de privación de libertad de 40 meses. (El Universo)