Desde el 28 de abril del 2021, cuando la Corte Constitucional despenalizó al aborto en casos de violación, el Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surkuna ha acompañado a 22 víctimas que buscaron y lograron el aborto legal por esa causal.
16 lograron acceder a la interrupción legal del embarazo en el sistema de salud pública. El resto desistió por demoras, tratos revictimizantes o solicitud de requisitos no establecidos. Buscaron el procedimiento en el sistema privado. Los datos se entregaron este martes 16 de noviembre del 2021, en una rueda de prensa.
De los casos de aborto legal por violación que acompañó Surkuna desde el 28 de abril, el 54,5% involucró a niñas de 10 a 14 años. Les siguen personas de 31 a 35 y de 19 a 24 años, con 13,6% cada grupo. Luego están las de 15 a 18 años, que fueron el 9,1% de los casos y las menores de 10 representan el 4,5%.
El 50% de los procesos que se acompañaron tuvieron lugar en Pichincha. Pero buena parte de los procedimientos de interrupción del embarazo como consecuencia de una violación también se realizaron en provincias amazónicas con alta población indígena. En Morona Santiago estuvo el 18,1% y en Sucumbíos el 9,9%. Les siguen las provincias de Azuay, El Oro y Manabí.
Además, el 27,3% de las víctimas de violación que han accedido al aborto legal son mujeres indígenas, la mayoría de ellas niñas, informó Surkuna. Y en el 95,5% de los casos, el violador formaba parte del núcleo familiar o cercano de las víctimas.
Ana Vera, directora de Surkuna, señala que gracias a la legalización del aborto para víctimas de violación, las mujeres, personas gestantes y especialmente las niñas más vulnerables (en condiciones de pobreza o de zonas remotas) han podido acceder a un aborto de forma segura y eso ha permitido precautelar su vida, su salud y su integridad.
Vera señaló que han podido constatar que el sistema de salud es capaz de proveer la práctica en pocos días. De acuerdo con el promedio que tardó el acceso al aborto, la mayoría fue de entre seis y ocho días desde que se presentó la solicitud a un servicio de salud. En el 27,7% de casos, el aborto se practicó en uno o dos días y en el 18,2% se hizo en tres a cuatro días.
Los datos son una guía para comprender cómo debe ser la Ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, que debe ser tramitada y aprobada en la Asamblea Nacional hasta el 28 de diciembre, señalan las organizaciones de derechos de las mujeres. Esta norma, sostienen, debe poner como centro a las víctimas de violación y que tienen derecho al aborto legal y cumplir con todos los estándares internacionales, considerando que se incluye a niñas en situación de vulnerabilidad.
El acompañamiento que hizo Surkuna, además permitió constatar que es muy importante que en la ley no se establezcan plazos que limiten el acceso al aborto. Esto, debido a que las personas más vulnerables son las que más tarde lo buscan.
Vera señaló que en la mayoría de casos, especialmente en los referentes a niñas de 10 a 14 años, las embarazadas solicitaron el aborto entre las semanas 18 y 23 de gestación. “Para una niña es difícil conocer su cuerpo y su ciclo menstrual”.
Asimismo, las organizaciones señalan que no se debe pedir una denuncia de las víctimas ante el sistema de justicia, ya que se caería en la revictimización. La solicitud del procedimiento de interrupción del embarazo al servicio de salud es suficiente, sostienen.
Desde este último servicio se debería notificar a la justicia para que el caso se investigue, explica la abogada Vera. “Hay casos en los que el acceso al aborto ha permitido que haya investigación cuando de otra manera no hubiera sido posible porque las víctimas temen denunciar directamente. En dos casos de la Amazonía, las madres no querían denunciar, estaban muy asustadas porque la violación se dio por parte de petroleros, que estaban armados; tenían miedo de que les ataquen”.
Un tema de salud pública
“El aborto en general es tema de salud pública”, recuerda el salubrista Hugo Noboa. Más aún, dice, cuando es por violación, ya que no solo tiene que ver con derechos reproductivos sino con la forma más grave de violencia patriarcal contra las mujeres y niñas.
Las mujeres que se han quedado embarazadas sin desearlo y quieren abortar asumen un riesgo al hacerlo sin condiciones de seguridad, señala el médico. “Los obstáculos son por una legislación restrictiva, poca disponibilidad de servicios, costos elevados en el área privada, requisitos innecesarios, obligatoriedad de asesoramiento, objeción de conciencia, estigmatización, autorización de una tercera persona o pruebas medicas innecesarias que retrasan la atención”.
El salubrista señala que, en el 2020, la Gaceta de Mortalidad Materna del Ministerio de Salud reportó una cifra récord para los últimos años, de 10 muertes por aborto, aunque luego el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) recogió en sus estadísticas de mortalidad general solo siete muertes por aborto. “Seguramente son más porque muchas muertes por aborto suelen registrarse como fallecimientos por hemorragia o infecciones, que son complicaciones propias de un aborto peligroso”, asegura Noboa.
La delegada de la Defensoría del Pueblo, Ximena Cabrera, dijo que la la propuesta de ley entregada el 28 de junio a la Asamblea procura borrar barreras y obstáculos en función de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, que son las niñas más empobrecidas del país y las mujeres y personas con posibilidad de gestar. (El Comercio)