Por segunda vez desde que asumió el poder, el presidente Guillermo Lasso declaró un estado de excepción por la “grave conmoción” causada por los niveles de delincuencia y muertes violentas.
En octubre de 2021, el Primer Mandatario declaró la emergencia a escala nacional. En esta ocasión, focalizó la medida para tres provincias: Esmeraldas, Manabí y Guayas, las tres más violentas del país.
Hasta el 25 de abril de 2022, hubo 1.241 muertes violentas en Ecuador. Se trata del principal indicador para medir la inseguridad en un país.
La cifra de muertes violentas ocurridas entre enero y el 25 de abril de 2022 ya equivale al 90% del total registrado en 2020 y al 49% de las registradas en 2021.
De los casos de lo que va de 2022, el 66% de las muertes ocurrió en Esmeraldas, Manabí y Esmeraldas.
Según la proyección de promedios diarios de muertes, en las tres provincias podría haber un incremento exponencial hasta final de año.
- En Esmeraldas ha habido 1,2 muertes cada día, hasta el momento. Si ese promedio se ratifica, al final del año habrá 455 casos. Lo que representa un incremento del 201% con relación a 2021.
- El promedio diario de muertes violentas en Guayas, hasta el 25 de abril de 2022, es de 4,9 casos. Con ese indicador, la provincia podría llegar a tener 1.796 casos hasta finalizar el año. Esto significaría un aumento porcentual del 51%.
- En Manabí ha ocurrido un homicidio cada día y hasta fin de año podrían ser 368. Lo que representaría un aumento del 89% con relación al año pasado.
Aunque estas provincias son las más conflictivas, hay otras que también presentan números preocupantes, pero que no fueron consideradas para la emergencia. El Oro y Los Ríos, presentan un incremento del 54% y el 69% con relación a 2021, respectivamente.
La versión oficial es que este aumento de las muertes violentas se debe a una reconfiguración de los grupos delictivos que operan en el país.
Estas bandas se encuentran en transición de delincuencia común hacia delincuencia organizada.
Cuatro parroquias con más muertes
En el decreto 411, con el que Lasso declaró el nuevo estado de excepción, además dispuso el toque de queda (entre las 23:00 y las 05:00) en las cuatro parroquias más conflictivas.
Se trata de tres parroquias del Guayas (dos en Guayaquil y una en Durán) y una de Esmeraldas.
La preocupación no radica únicamente en la cantidad de crímenes, sino también en el incremento con relación a 2021. Por ejemplo, en Esmeraldas hubo un aumento del 500%.
La parroquia Ximena, donde se han producido 115 asesinatos, el doble que en 2021, abarca cerca de 20 barrios y cooperativas en el sector Sur de Guayaquil.
Aquí están incluidos los Guasmos, Isla Trinitaria, La Pradera, Los Esteros y la Floresta, que se han convertido en zonas de guerra y blanco de balaceras.
De las tres parroquias que tiene Durán, Eloy Alfaro, vive un toque de queda porque registra un incremento de 220% de muertes violentas en lo que va del año, respecto a 2021.
En Durán se han encontrado decapitados y los primeros casos de cuerpos colgados en el puente de ingreso a la ciudad desde Guayaquil.
Y esta no es la primera intervención militar en este cantón. Alrededor de 500 agentes ingresaron en abril de 2022 al cerro Las Cabras, donde realizaron allanamientos y detenciones.
En estas zonas, las muertes violentas «han llegado a umbrales críticos de 35 asesinatos cada día», según el ministro del Interior, Patricio Carrillo.
La estructura actual de la Policía Nacional no permite asignar la cantidad suficiente de efectivos a las zonas más afectadas por las organizaciones delictivas, según el gobierno, sin que eso impacte negativamente en otras zonas del territorio nacional.
La razón es que para aumentar la dotación de agentes en una zona o sub zona es necesario retirarlos de otra.
Es por eso que el gobierno optó por dos medidas bajo el estado de excepción: la movilización de militares para que colaboren con la Policía y la limitación del derecho a la libre movilidad en la noche en las cuatro parroquias mencionadas.
Falta el plan integral
En diciembre de 2021, las autoridades presentaron los resultados de los 90 días del primer estado de excepción.
Entonces, se realizaron 87.738 operativos, 1.553 personas fueron detenidas por distintos delitos, hubo 47 bandas desarticuladas y se decomisaron 358 armas de fuego. Todo esto como parte del ‘Plan Rescate Ecuador’.
Más allá de la presencia de policías en las calles, el plan de seguridad integral ofrecido por las autoridades aún es una incógnita.
«Mientras estamos desarrollando el plan, mientras estamos ejecutando la política pública, mientras empezamos a trabajar en prevención, era necesario militarizar y policializar (sic) las calles en ciudades como Guayaquil, Durán y Esmeraldas», dijo Patricio Carrillo.
“El Gobierno debió pensar en esto desde el día uno”, asegura la analista en seguridad, Carla Álvarez, quien agrega que ahora están aplicando «la misma receta, para un problema diferente».
Para la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en la ciudad “no está sucediendo nada concreto”, luego de que el presidente Lasso insistiera el 3 de mayo en el rol que deben cumplir los municipios en materia de seguridad.
«Lamento verlo bastante desorientado (al Presidente) y con políticas difusas. Está caminando a ciegas en un país plagado de violencia, aquí se pretende jugar al ping-pong con la vida de la gente. Mientras unos tiran pelotitas, otros tiran balas», sostuvo Viteri.
En vísperas del primer año de gobierno, aún faltan acciones contundentes “que permitan ver que existe una comprensión sobre cómo funciona el crimen organizado. Todo se reduce al narcotráfico, cuando están ocurriendo otros fenómenos”, explica Álvarez.
Y reducir la complejidad de la estructura del crimen organizado, «hace que se tracen estrategias como sacar más policías a las calles, que solo terminan por costarnos más», añade. (Primicias.ec)