Una jueza y una fiscal junto a su secretario habrían recibido 300 mil dólares a cambio de beneficiar a los procesados por el caso de la narcoavioneta detenida en San Vicente, Manabí en diciembre de 2017, caso por el que actualmente guardan prisión 19 personas.
Por ese ccaso, el presidente subrogante de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Francisco Morales Garcés, acogió el dictamen acusatorio del fiscal Nelson Macías Miranda, delegado por la fiscal provincial del Guayas y Galápagos, Yanina Villagómez, y llamó a juicio a siete ciudadanos procesados por el delito de asociación ilícita, dentro del caso de la avioneta detenida con 582 kilos de cocaína.
La Fiscalía procesó a las siete personas, entre ellas la exjueza, el exfiscal, el funcionario judicial, dos profesionales del Derecho y otros dos ciudadanos que están purgando pena privativa de libertad de diecisiete años y cuatro meses por narcotráfico, sentenciados por este mismo caso, el pasado 28 de noviembre de 2018.
En audiencia preparatoria de juicio, el martes 16 de julio de 2019, en la Presidencia de la Corte de Justicia de Guayaquil, el fiscal Nelson Macías presentó varios elementos de convicción, entre ellos, los informes investigativos y de cotejamiento de voces, junto al de extracción de información, de audio, video y texto, realizado a los teléfonos celulares de los procesados.
A ello se sumó la documentación obtenida del proceso de tráfico de drogas, iniciado la fecha de los hechos; los informes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos (UIAN), los seguimientos y vigilancias realizados a los procesados y la experticia de escuchas (efectuadas por analistas de comunicación del Departamento de Vigilancia Técnica Electrónica –DVTE–).
Para la Fiscalía, estos últimos elementos fueron determinantes para relacionar –en espacio y tiempo– cómo los procesados fueron estructurando su defensa en el campo legal, apoyándose e involucrando a funcionarios judiciales (jueces y fiscales) para llegar a sus objetivos dentro de la organización narcodelictiva.
El juez Francisco Morales Garcés acogió el dictamen acusatorio presentado por Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio contra Ángela Viviana B. V., Ana Ofelia P. R., Walter Xavier Z. M., Alexander Xavier N. A., Johanna Gabriela D. Z., Robinson Adrián A. Y. y Víctor Hugo E. I.; y ratificó para ellos las medidas cautelares de carácter personal (prisión preventiva). Sin embargo, a cinco de los procesados –en virtud de la caución rendida– se les suspendió la orden de prisión.
Además, el magistrado dictó medidas cautelares de carácter real, como la prohibición de enajenar los bienes de todos los procesados. Y con relación al procesado Vicente Xavier Benítez Martínez, debido a su fallecimiento, se declaró la extinción de la acción.
La Fiscalía procesó a los siete ciudadanos con base en lo estipulado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asociación ilícita con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (Fuentes: Ecuador Inmediato y Teleamazonas)
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