El Telégrafo.- La Sala de la Corte Nacional de justicia ratificó la pena interpuesta a la exvicepresidenta y exasambleísta María Alejandra Vicuña, condenada por el caso diezmos. A la exfuncionaria se le impuso una pena atenuada de un año de prisión y el pago de USD 43.295 como reparación integral al Estado por el delito de concusión. Vicuña tendrá hasta el 23 de agosto de 2023 para cancelar ese monto.
Vicuña fue procesada y declarada culpable, como autora, por el delito de concusión y su sentencia quedó en firme en 2022, por recibir transferencias bancarias mensuales de tres de sus asesores en su cuenta personal, cuando era asambleísta. El monto que habría recibido asciende a los USD 173.180 y lo habría utilizado como financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
Como parte de la condena, la Corte resolvió que la exlegisladora no podrá salir del país sin previa autorización de un juez y deberá presentarse ante la autoridad de justicia cada ocho días. En caso de no cumplir con esta orden “se dejará sin efecto la suspensión condicional concedida y se ejecutará la pena privativa de libertad de un año”, agregó la entidad de Justicia.
En principio, Vicuña fue condenada a dos años de prisión, no obstante, un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, declaró procedente un recurso interpuesto para la suspensión condicional de la sentencia de dos años de prisión; la pena se redujo a un año.