En la facilidad pesquera de la comuna Bajo Alto del cantón El Guabo (El Oro) se ha dejado de procesar mariscos y pescado. Esa actividad casi desapareció desde que comenzó la pandemia el año pasado. Solo se procesa pesca bajo pedidos puntuales.
Los pescadores que manejan ese espacio entregado en comodato optaron por dejar de faenar en ese lugar por las pérdidas que han afrontado en la pandemia. Y ahora solo se aprovecha el espacio para la fabricación de hielo que lo venden a la comunidad.
“Cuando ya vino la pandemia teníamos harto producto, fiamos, perdimos como 5.000 dólares porque no podíamos retener ese producto por los costos de energía”, sostiene Julio Yorela, gerente de la cooperativa La Condesa.
Ese gremio administra la facilidad pesquera desde que en el 2017 se gestionó la entrega del bien que estaba a cargo del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, actualmente Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. El comodato está vigente hasta el 2022.
Cuenta con dos cámaras de frío, una de congelamiento, una cámara para sacar hielo en escarcha y una planta de energía. La idea era que esa infraestructura con capacidad para 12 toneladas de mariscos congelados pueda servir para dar un valor agregado a la producción. Pero la actividad actual en ese sentido es reducida.
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Allí se empacaba al vacío camarón, cachema, lisa, corvina y otros peces. Yorela sostiene que como los costos actuales no dan para seguir empacando al vacío en esa infraestructura lo que están realizando es entregar la pesca directa sin procesarla.
“El consumo de energía nos sale hasta 1.300 dólares mensuales y a veces no hay cómo pagar”, cuenta Yorela, quien considera que ha faltado apoyo en capacitación y desarrollo productivo.
La facilidad pesquera de Bajo Alto es la única que está en comodato. Las infraestructuras pesqueras de Jaramijó, Anconcito, Esmeraldas y San Mateo y Santa Rosa siguen bajo la administración de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).
En estos espacios, la pandemia también ha impactado, aunque de diferentes maneras. Por efectos del COVID-19, varios locales han sido desocupados desde el año pasado.
Hasta diciembre pasado, los espacios y áreas que se arriendan en puertos y facilidades pesqueras tenían un nivel de ocupación del 60%, es decir, 40% estaban desocupados.
La Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público ligó esa desocupación a efectos de la pandemia y refirió que esos puestos estaban considerados para el plan de arrendamiento del 2021.
Dirigentes pesqueros de Manabí dijeron que en las infraestructuras de la provincia hay bodegas, comedores y locales que fueron desocupados porque el año pasado tuvo meses muy duros para la actividad pesquera y aún no se puede hablar de una recuperación.
En la provincia de Santa Elena, los pescadores refieren que hay una desocupación pequeña.
Ramón González, dirigente pesquero de Santa Rosa (Santa Elena), sostiene que cuando no hay producción la infraestructura de esa localidad opera en un 70% u 80%, pero cuando la actividad es mayor funciona a su capacidad.
El costo de mantenimiento en puertos y facilidades pesqueras artesanales representa $ 1?300.000 aproximadamente. Ese rubro va para los servicios básicos, tasas municipales, seguridad, limpieza y mantenimientos.
Las infraestructuras pesqueras, creadas desde el gobierno anterior, han pasado por varias administraciones. Antes del 2015 estaban bajo responsabilidad de la Empresa Pública de Infraestructuras Pesqueras del Ecuador. Pero desde que esta entidad se fusionó con Inmobiliar el manejo fue controlado desde este ente.
Una infraestructura pesquera se anhela en Puerto Bolívar
Los pescadores de la zona de Puerto Bolívar, en El Oro, esperan que en el próximo gobierno se concrete la ejecución de una infraestructura que facilite las actividades pesqueras.
Fabián Cruz, presidente de la Cámara provincial de pesquería y afines de El Oro, señala que una facilidad pesquera ayudará a mejorar los controles y los servicios.
El dirigente indica que años atrás se planteó la posibilidad de desarrollar un proyecto en el sector de El Coco, pero no se concretó.
Cruz sostiene que se debe pensar en una facilidad que pueda empujar el valor agregado de los productos pesqueros.
En la zona de Puerto Bolívar hay unos 7.000 pescadores con todo tipo de embarcaciones. (El Universo)
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