La Fiscalía investiga de forma previa al exministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. El caso nace de un informe enviado por Contraloría, el cual señalaría indicios de responsabildad penal contra el exfuncionario de Rafael Correa.
La fiscal general (s) Ruth Palacios ordenó el 27 de agosto pasado realizar en este caso diligencias como: solicitudes de información a la Agencia Nacional de Tránsito, sobre vehículos; al Registro de la Propiedad de Quito, sobre inmuebles de Espín y su esposa; declaraciones de bienes hechas ante la Contraloría, entre otras acciones.
La defensa del exministro Espín, Paúl Ocaña, señala que ellos fueron quienes solicitaron a la Fiscalía ordenar las diligencias para obtener ese tipo de información. Según él, justificarán con esos documentos dos hechos: un crédito realizado legalmente y cuentas que se encuentra a nombre de la esposa de Espín.
El monto total examinado por la Contraloría ascendería a $ 100.000, y de los cuales -dijo Ocaña- ya han sido justificados la mayoría. Lo que les faltaría por justificar, explicó el abogado de Espín, son $ 8.000 que corresponderían a montos pequeños, y de los cuales inicialmente Contraloría no les habría pedido que los presenten.
«No se justifica el inicio de una investigación previa, pese a ello se la ha iniciado y con la posibilidad de que tenga un tinte político, nada más. (…) Ya hemos presentado los descargos en Contraloría y en el transcurso de esta investigación nuevamente lo haremos para justificar, con hechos, que no existe tal enriquecimiento ilícito», refirió Ocaña. (El Universo)