Es tiempo de determinar responsabilidades penales. Los vacíos económicos y en obras que dejó la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí, tras el terremoto de abril de 2016, llegan a la Fiscalía General del Estado. La semana pasada, según conoció este, se inició la indagación previa por el uso irresponsable de recursos que debían servir para atender la emergencia durante el régimen del expresidente Rafael Correa.
La Fiscalía trabajará sobre la base del informe de la Contraloría General acerca de los gastos de la empresa pública Ecuador Estratégico. El texto, aprobado el 21 de marzo, enlista los descuidos e informalidades de la administración de Correa y su equipo en la contratación directa de servicios de comunicación social.
Uno de los casos más llamativos es que, a decir del informe, no se justificaron gastos que, según las autoridades de la época, sirvieron para comprar gigantografías que “reactiven anímicamente a los habitantes”. Ecuador Estratégico gastó cerca de 35.000 dólares para ese fin.
Esos recursos salieron de la recaudación generada por la Ley de Solidaridad, que incrementó impuestos para reactivar social y económicamente a Manabí y Esmeraldas.
Otro dato que llama la atención es que el Gobierno contrató obras con proveedores predeterminados. Después del terremoto, la administración pública solicitó la realización de vídeos que muestren historias emotivas de los pobladores afectados. Dichos audiovisuales, curiosamente, se grabaron antes de la firma del contrato y antes de definir la necesidad de dichos vídeos. Es decir, la productora contratada tenía el material que se iba a solicitar aun antes de que se llegue a un acuerdo legal.
Para la Contraloría, lo dicho resulta alarmante porque podría tratarse de acuerdos previos para la asignación de contratos entre el Gobierno anterior y la empresa privada.
Hay más. Los vídeos producidos antes de detectarse su necesidad (y que costaron más de 65.000 dólares) no fueron utilizados adecuadamente. Se usaron recursos de todos los ecuatorianos para contratos que no beneficiaron a los afectados por el terremoto.
También hay gastos más elevados. La Contraloría detectó que se firmó un contrato por 229.431,31 dólares más IVA para la campaña informativa y de relaciones públicas sobre el Plan Reconstruyo. El dinero fue entregado a empresas privadas que no cumplieron con los requisitos mínimos para ganar la adjudicación.
Por estar amparada en la contratación por emergencia, la empresa Ecuador Estratégico pudo adjudicar sin concurso ni controles. Los contratos para el terremoto se firmaron “a dedo”.
En total, la Contraloría revisó gastos por más de 30,3 millones de dólares.
Para saber
Emergencia
Durante la emergencia declarada por Rafael Correa se utilizaron sin controles los recursos de la Ley de Solidaridad. Los contratos se asignaron de manera directa.
Estudios
El Gobierno asignó obras sin contar con estudios completos. También se adjudicaron obras pese a tener informes desactualizados.
Fondos
La Ley de Solidaridad generó más de $ 1.633 millones.
Las irregularidades
Vicepresidencia
La Contraloría determinó, el año pasado, que durante la gestión de Jorge Glas se manejaron descuidadamente las donaciones que se hicieron para los afectados.
Dinero
El Gobierno de Rafael Correa no pudo justificar el uso de las contribuciones que hicieron otros países, o de las donaciones que llegaron de diversas fuentes.
Obras
Entre las anomalías también se detectaron nuevas obras con fisuras y grietas. Las casas implementadas no contaron con las normas de calidad obligatorias. (Expreso)