En la Corte Nacional de Justicia se debatió la tarde del lunes 30 de septiembre del 2019 un recurso de casación. Seis personas sentenciadas por asociación ilícita, en el caso Odebrecht, pidieron que a través de esta figura legal se anule la sentencia, se ratifique el estado de inocencia o, en el peor de los casos, se consideren atenuantes y se impongan penas más favorables. Uno de los peticionarios fue el exvicepresidente Jorge Glas.
Mediante sus abogados Eduardo Franco Loor y Harrison Salcedo, pidió que se aplique la «ley más favorable». Según Franco Loor, Glas fue sentenciado con una ley derogada (Código Penal) y que lo correcto sería usar el actual Código Integral Penal (COIP), cuyas penas para el delito de asociación ilícita son de 3 a 5 años de cárcel.
Franco dijo que, si a Glas se le aplicaba el COIP, su sentencia hubiera sido de cinco años de cárcel y, bajo ese escenario, el plan era solicitar la suspensión condicional de la pena, otro recurso que le permite a una persona pagar su condena en libertad. «Hubiera salido al día siguiente y no hubiera perdido la Vicepresidencia», mencionó Franco, tras un receso de la diligencia. Ya en la audiencia, ante los jueces Daniella Camacho, Iván Saquicela y Wilman Terán, la fiscal Paulina Garcés dijo que los abogados desconocen las normas penales.
Explicó que Glas ya recibió la pena más favorable cuando se lo condenó a seis años de prisión. Lo correcto, según la fiscal, sería que se lo sentencie a cinco años de cárcel por el delito de asociación ilícita más un año, seis meses y seis días por los agravantes, entre estos el haber sido un alto funcionario público.
La fiscal pidió al Tribunal de Casación que se corrija la sentencia y que se aumente los seis meses y seis días que faltan. Sin embrago, como la ley penal impide agravar la situación legal de un condenado, esta sentencia solo quedaría de forma escrita y no sería aplicable.
Otro argumento de los abogados de Glas fue que el monto de reparación integral es incorrecto. Salcedo señaló que «la naturaleza (del delito de asociación ilícita) es la seguridad pública y no se puede establecer que la seguridad pública vale USD 33,3 millones (valor de la reparación integral)», dijo Salcedo.
Finalmente, el tercer pedido que los defensores hicieron al Tribunal de Casación fue que se rechace la acusación particular presentada por César Montúfar, quien estuvo presente en la diligencia, pues dijeron, él no puede ser considerado víctima.
Por su parte, Montúfar, activista político, sostuvo que a través de estos pedidos se pretende «eludir a la justicia». Y que la reparación integral es parte de las garantías legales. «Que hoy se diga que no hay forma de establecer una reparación integral es inaceptable. Los ecuatorianos, además de verlos en la cárcel, esperan que se recuperen los dineros de la corrupción».
Otros sentenciados que solicitaron la casación son Kepler Verduga, Ricardo Rivera, Édgar Arias, Fernando Carrillo y Carlos Alberto Villamarín. (EL COMERCIO)