Tras cuatro años del terremoto que azotó Manabí y Esmeraldas, la Fiscalía General del Estado vuelve a poner sus ojos sobre los fondos que debían ser destinados para la reconstrucción de las ciudades que quedaron devastadas, pero que hasta ahora no han podido levantarse.
Muchas de estas obras, según la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) núcleo Manabí, nunca fueron construidas, quedaron abandonadas o fueron contratadas bajo cuestionados procesos y, sin embargo, los fondos recaudados mediante la Ley de Solidaridad ya no están disponibles.
Cómo se gastaron esos fondos y bajo la autorización de quién son las interrogantes que la fiscal Diana Salazar busca responder mediante una investigación por presunta delincuencia organizada que fue abierta tras una denuncia puesta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en febrero de este año.
“En marzo de 2019, el CPCCS transitorio de Julio César Trujillo había puesto una denuncia por tráfico de influencias, pero no abarcaba todo el mal manejo de la reconstrucción, entonces nosotros ahora, bajo la misma resolución, decidimos poner otra denuncia porque realmente es preocupante ver cómo los recursos que debieron de haber ido a cumplir el fin, no lo hicieron y Manabí y Esmeraldas no han sido ni reconstruidos ni reactivados”, asegura Francisco Bravo, vicepresidente del CPCCS.
Entre los insumos que el Consejo de Participación entregó a la Fiscalía está un acta de una sesión del 22 de mayo de 2017, dos días antes de la posesión de Lenín Moreno como presidente, en la que el Comité de Reconstrucción, presidido por el entonces vicepresidente Jorge Glas, aprobó un listado de 584 obras que iban a ser financiadas con los 3.520 millones de dólares recaudados por medio de la Ley de Solidaridad, que comprendió, entre otros, el aporte de uno o hasta ocho días de sueldo, el aumento del IVA del 12 al 14 % por un año y aportes empresariales.
“En esa acta se puede ver cómo hicieron la distribución de los recursos y que hay muchos proyectos que no tenían nada que ver con la reconstrucción ni con la reactivación económica, ni con la repotenciación”, señala Bravo.
Los miembros del Comité que estuvieron en esa sesión, como el mismo vicepresidente Glas, el exsecretario Carlos Bernal, la exsecretaria de Gestión de Riesgos, Susana Dueñas, y representantes ministeriales y autoridades locales de Manabí fueron llamados a declarar desde hoy por la fiscal Salazar. Además deberán comparecer los contratistas de algunas obras señaladas en esa acta a la que se refiere Bravo.
Este Diario intentó comunicarse con Carlos Bernal, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.
Por su parte, Harrison Salcedo, abogado de Glas, señala que su cliente “está tranquilo”, pues no hay “asidero jurídico, político ni legal” para vincularlo. “Dentro de ese proceso por emergencia se cumplieron los lineamientos legales con los que se manejó el tema de las contrataciones para la reconstrucción, con criterios objetivos y subjetivos de necesidad institucional, de recursos, de planificación, etc. Nosotros estamos claros que esto se trata de un tema de persecución”. Y afirma que, aunque ha sido llamado a dar su versión, el exvicepresidente no asistirá por falta de condiciones de bioseguridad.
La Fiscalía ha solicitado también a varios fiscales de Manabí que tenían a su cargo indagaciones relacionadas a la reconstrucción, un informe en el que conste: estado actual de la investigación, contratos investigados, nombres y apellidos de los investigados, monto del perjuicio determinado, entre otra documentación.
Además, ha pedido al Ministerio de Obras Públicas información detallada de los contratos del proyecto Manta – Colisa, la construcción del acceso a Bahía de Caráquez y del puente sobre el río Jama, el derrocamiento de edificaciones y desalojo de escombros de las zonas afectadas por el terremoto y muchas otras obras más.
También solicitó a los ministerios de Salud y de Vivienda información sobre los contratos para la construcción y reconstrucción de los hospitales y sobre la inversión de los 575 millones de dólares para la reconstrucción de viviendas.
Patricio García, coordinador de la CNA en Manabí, señala que Contraloría ya emitió un informe con indicios de responsabilidad penal que también tiene como insumo esta acta del Comité, pero que Fiscalía no había actuado aún sobre ese documento. “Ese informe dice que no priorizaron las obras. Ampliar la vía Manta – Colisa no era priorizar, priorizar era hacer el hospital de Manta, por ejemplo. Ese informe también concluye con el pedido de destitución de todos los del Comité, incluido Glas y Bernal”, asegura.
La CNA pide a la fiscal Salazar que se impulse todas las investigaciones posibles para “que se esclarezcan estos recursos que fueron dados por el pueblo ecuatoriano y que han sido mal utilizados, burlándose del dolor y la tragedia de los pueblos de Manabí y Esmeraldas”, sostiene García. (Expreso/Alejandro Giler)