El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) presentó ayer los resultados de los estudios actuariales, con corte al 31 de diciembre de 2018, sobre el Fondo de Pensiones. La principal conclusión es que, si el Gobierno no cumple con el aporte del 40%, el déficit acumulado a 2023 sería de 70.000 millones de dólares, con lo que el sistema tendría una condición de insostenible e insolvente a mediano y largo plazo.
Sin embargo, si solo se cumple parcialmente con ese aporte, como ocurre actualmente, los gastos superarán ampliamente a los ingresos desde 2024, por lo que se deberá recurrir a desinvertir reservas o ahorros, solo para cumplir los pagos mensuales a los jubilados.
“El Gobierno en este momento, tomando en cuenta el presupuesto 2020, está proyectando transferir solo el 28% del aporte de Ley. Es urgente buscar un mecanismo para que se cumpla con el total del 40%, tal vez una parte en efectivo y la otra en papeles o inversiones rentables para el IESS”, dijo Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo de la institución.
Para 2020, el sistema de pensiones necesita que se le transfieran 1.850 millones por el aporte estatal, pero solo le llegarían 1.400 millones. Lo mismo ocurrió durante 2019. Por esto, una de las principales conclusiones de Risco, Vélez y Vélez, empresa auditora del estudio actuarial, es que el Fondo depende excesivamente del dinero que llega desde el Estado, y ese es un riesgo creciente para los próximos 40 años.
Ahora, el pago del aporte estatal representa el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), pero en 2058 estará entre el 7% u 8% del PIB.
Malas decisiones de Correa
“El Fondo de Pensiones ya tuvo un daño severo en sus reservas debido a dos decisiones tomadas en 2015 por el gobierno de Rafael Correa. Por un lado, el no pago del 40% y, por otro, la resolución 501 que redujo los porcentajes de aportaciones al Seguro de Vejez, Invalidez y Muerte para dar más recursos al Fondo de Salud”, acotó Granda.
Con esas medidas, en apenas cuatro años, de 2015 a 2018, el Fondo perdió 8.927 millones en reservas, un promedio de 1.700 millones cada año.
Ese monto es, inclusive, superior a lo que perdió el país durante el feriado bancario de 1999, donde el daño económico ascendió a 8.072 millones.
Marco Proaño Maya, abogado y experto en Seguridad Social, lamentó que durante el correísmo el IESS haya sido utilizado de manera irresponsable y con criterio político-clientelar. “Lo mínimo que debe hacer el Gobierno actual es cumplir con sus responsabilidades de Ley”, aseveró.
Medidas urgentes
El estudio actuarial determinó que, incluso cumpliendo con requisitos como el 40% y una rentabilidad de al menos 6,25% dentro del portafolio de inversiones del IESS, el sistema iniciará un proceso de insostenibilidad desde 2053, a menos que se lleven a cabo reformas y medidas estructurales.
“Con los resultados del estudio, el próximo año estableceremos mesas técnicas y avanzaremos en el acuerdo nacional, para que se den las medidas específicas y desde cuando se las va a ejecutar”, afirmó Granda.
Una de las alternativas, que está incluida dentro de las recomendaciones de la empresa auditora, es que se establezcan incentivos para que la edad de jubilación aumente entre dos y tres años. Actualmente, la Ley señala que se puede aplicar a la jubilación con 60 años y 30 años de servicios; aunque en la práctica el promedio de retiro está en los 62 años.
Otra opción sería aumentar de manera gradual el porcentaje de aporte. Así, la recomendación del estudio es que se establezca un incremento del 0,5% cada 10 años, durante los próximos 40 años. (La Hora)