Juan Sebastián Roldan, Secretario Particular de la Presidencia, se refirió a la paralización del gremio de transportistas que se inició desde las 00:00 de este jueves, 3 de octubre del 2019. El Secretario de Estado adelantó que el Gobierno no caerá en “el chantaje” y recordó que los canales de diálogo con las diferentes asociaciones de transporte se mantienen activos.
“Ayer se reúnen y sorprendentemente anuncia la paralización. Hasta la noche estuvimos hablando con varios de los dirigentes porque es un Gobierno de diálogo, pero si incumplen la Ley, tienen que responder”, comentó Roldán.
En una entrevista radial, reconoció que eliminar el subsidio a los combustibles fue una medida que adoptó el Gobierno, a sabiendas de que se podían producir reacciones de este tipo. Aunque adelantó que si los transportistas incurren en delitos van a aplicar la Ley.
“Sabíamos que había gente que iba a mostrar su descontento, pero enmarcado en el respeto a la Ley, eso está permitido. En el marco de la democracia. Pero una cosa es quejarse y otra parar para que las personas no puedan llegar a sus lugares de trabajo”, sostuvo el funcionario.
Según Roldan, el Presidente Moreno hizo la mañana de este jueves una llamada conjunta a todos sus ministros y les indicó que “es el momento de hacer lo correcto”. El funcionario indicó que el paquete de reformas económicas fue una decisión que adoptó el Gobierno, sin cálculo político.
“Ahora son los ecuatorianos quienes tienen que decidir qué país quieren. Si cedemos a los grupos que quieren chantajear al país, o si les jalamos para que ellos también empujen el carro con nosotros”, sostuvo el Secretario.
Roldán ratificó que el Gobierno analiza cuáles serían las son compensaciones que se pueden dar a los transportistas, como reducir aranceles en llantas o repuestos. Además, aseguró que la paralización tiene tintes políticos.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, también se pronunció y dijo que la medida de eliminar el subsidio fue difícil, que no se la tomó en 40 años, pero que está en firme. “La decisión está tomada, es clave para el país para lograr un cambio estructural”, comentó Romo.
Agregó que el Ministro de Transporte, Gabriel Martínez, se reunió con el gremio para revisar cuál sería el impacto de esta modificación y una eventual revisión de las tarifas, pero dijo que eso requiere una autorización previa.
“El ajuste del precio de la gasolina va a modificar sus costos, no es que estamos diciendo que les vamos a pasar el costo a ellos, eso no sería racional de nuestra parte”, dijo Romo.
También ratificó que paralizar un servicio público es un delito y que de ser el caso, podría actuar la Policía y la Fiscalía. Al igual que Roldán, refirió que detrás de la medida de hecho hay intereses políticos.
“Hay grupos que tienen en su imaginario que el Estado debe mantener el subsidio. Hay otros que se oponen a todo. Y están los correístas, que están cerca del conflicto para buscar sus intereses”, aseguró la ministra.
A las 11:30 de este jueves 3 de octubre se desarrollará un Gabinete Ministerial Ampliado en Carondelet. Según Roldán, en la cita se analizará la situación del país y se “afinarán las medidas para no complicarle tanto la vida a la gente”. (EL COMERCIO)
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