La Función Ejecutiva registra un total de 70.828 puestos menos desde enero del 2017 en que tenía 502.760 hasta septiembre de este año con 431.932, según los registros del proceso de “optimización” del Estado a cargo de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (antes Senplades), el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el inicio del actual Gobierno.
De estas cifras totales, en el nivel jerárquico superior, se redujeron de 4.660 a 3.132 funcionarios en este periodo, es decir, una optimización del 33 %, y en servidores públicos en general se redujeron de 498.100 a 428.800 funcionarios, es decir, una optimización del 14 %.
La disminución de funcionarios está ligada a la reducción de instituciones y a la “optimización” de entidades desconcentradas en territorio, tomando en cuenta la duplicidad de funciones en los procesos administrativos de asesoría y apoyo.
En instituciones, en el periodo analizado, hay una reducción de veinte instituciones menos: de 130 a 110. Aquí entran las últimas instituciones eliminadas o fusionadas vía decretos ejecutivos, desde mayo de este año, mes en el que el presidente Lenín Moreno anunció una serie de recortes y medidas debido a la agudización de la crisis por la pandemia del COVID-19.
En territorio, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, con información de los ministerios, señala que en mayo del 2017 existían 1.498 unidades desconcentradas y ahora, con corte al 15 de octubre, hay 1.082, un total de 416 unidades desconcentradas menos.
Las unidades desconcentradas en territorio corresponden a ministerios, secretarías y otras entidades de la Función Ejecutiva, ubicadas en 1.134 circuitos a nivel parroquial, que están dentro de 140 distritos a nivel cantonal, y estos a su vez están en nueve zonas administrativas de planificación: Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos; Napo, Orellana y Pichincha (excepto Quito que es una zona por sí sola).
Además, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza; Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas; Santa Elena, Bolívar, Los Ríos, Galápagos y Guayas (excepto Guayaquil, Samborondón y Durán que comprenden una zona más); Cañar, Azuay y Morona Santiago; El Oro, Loja y Zamora Chinchipe.
La Secretaría Técnica Planifica Ecuador, dirigida por Sandra Argotty, señala que esta optimización institucional es dinámica y, hasta el momento, ha permitido reasignar recursos hacia proyectos, programas y sectores prioritarios y que la prestación de servicios a la ciudadanía está garantizada.
Para Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, lo importante en la optimización del Estado es que hay un reparto inequitativo de la masa salarial, de acuerdo con tres escalas: la de los servidores públicos en el Ejecutivo con sus sueldos congelados, la intermedia de los funcionarios en las entidades estratégicas y la de las empresas públicas con las remuneraciones más altas.
“El pedido nuestro era que no era necesario ni siquiera botar gente, sino hacer una media, a igual trabajo, igual remuneración, un solo patrón que es el Estado. (La distorsión) sigue vigente, por eso hay gerentes de las empresas públicas que ganan más que el presidente de la República. Seguramente, si se hiciera una media entre los tres subieran los de abajo y se ahorraría alrededor del 15 % de la masa salarial”, dijo García.
El reporte anual del Ministerio de Economía y Finanzas del 2019 registró una reducción de la masa salarial por primera vez en el anterior año, luego de veinte años. “El año pasado (2019) se generaron decisiones que permitieron ahorrar $ 448 millones en este rubro”, dijo el Ministerio, en marzo.
Esta cartera de Estado agregó que la tendencia a la baja se reflejaba también en este año. Entre enero y febrero, el gasto en personal tuvo una reducción de $ 31,6 millones si se le compara con el mismo periodo en el 2019. Además, al comparar los dos últimos febreros, la contracción es de $ 60,5 millones.
La optimización del Estado es un proceso que ha atravesado por varias etapas en el actual Gobierno y se inició con la eliminación de los ministerios coordinadores y la Secretaría del Buen Vivir, que estuvieron en los primeros diez decretos firmados por Lenín Moreno apenas asumió el mando.
Luego se dio una nueva fase de fusiones y eliminaciones que se extendió entre 2018 y 2019. Finalmente, en este año, ocurrieron más fusiones y eliminaciones de entidades y el mayor recorte en las empresas públicas, decretando la liquidación de ocho. (El Universo)
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