El presidente Guillermo Lasso decidió no esperar más y se dio por notificado, este jueves 6 de abril, del inicio del juicio político en la Asamblea Nacional. Y pidió que se certifique si las pruebas en su contra fueron singularizadas a la acusación de peculado, algo que no ocurrió.
El titular de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, había explicado que la tarde de ayer terminaban las 72 horas que dio como plazo para que los proponentes precisen qué pruebas, de las 20 que presentaron, usarían para sustentar el juicio político, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional admitió únicamente la causal de peculado y no las de concusión.
En la misiva, el mandatario recordó que la Constitución establece que el procesado debe conocer la determinación de hechos específicos y pruebas del expediente que sustenten la acusación, antes de la presentación de las pruebas de descargo.
Además, autorizó al abogado Édgar Neira Orellana que lo represente en el trámite en la Comisión de Fiscalización, así como en la entrega de escritos, pedidos de prácticas de prueba, impugnación de pruebas o interrogatorios.
Lasso está obligado a concurrir ante el pleno de la Asamblea. Para censurar al jefe del Estado se requieren no menos de 92 votos, que equivalen a las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, compuesta por 137 legisladores.
El presidente Lasso, en un mensaje público emitido la semana pasada, se declaró «inocente» de las acusaciones que le imputa la oposición y aseguró que, para él, este juicio político «huele muy mal».
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