El Universo.- Entre seis y siete nuevas iniciativas para Zonas Francas y Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes) aguardan solo a que se apruebe el decreto ley para la Atracción y Fomento de las Inversiones para el Desarrollo Productivo, para realizar inversiones. Estas estarían ubicadas en Manabí, Guayas, El Oro y Santo Domingo. Entre ellas, hay dos de zona de frontera sur que al ya estar creadas pero no tener verdaderos incentivos buscan pasar del papel a la acción.
Adicionalmente, el Gobierno ya está preparando el reglamento del decreto, a fin de que la inversión y el empleo puedan empezar a rendir sus frutos de manera inmediata, en caso de que el decreto urgente sea aprobado por la Corte.
Así lo comentó el ministro de Producción, Julio José Prado, durante la audiencia para tratar dicho decreto ley, el segundo de urgencia económica enviado por el Ejecutivo a la Corte Constitucional, tras la muerte cruzada.
Los debates sobre la constitucionalidad de la disposición general quinta, sobre quién recae la facultad de calificar un proyecto de económico urgente y los beneficios de crear zonas francas atractivas para generar empleo, fueron los pilares de la audiencia que se realizó por vía telemática.
Al igual que en la audiencia del martes, en la que, en cambio, se trató el tema del decreto ley de reforma tributaria que reduce impuestos, la jueza Karla Andrade otorgó 10 minutos tanto a los delegados de la Presidencia; al ministro de Economía, Pablo Arosemena; al ministro de Producción, Julio José Prado, y a la representante de la Procuraduría, Rafaella Uzcátegui, para que expongan sus argumentos. A los representantes de la ciudadanía, cámaras de la producción, entes políticos, que habían presentado amicus curie, se les otorgaron cinco minutos a cada uno para su exposición. En la audiencia pasada solo se les habían otorgado tres minutos.
Como estaba previsto, dos gremios productivos: el de los camaroneros (Cámara de Acuacultura) y el de cacaoteros (Anecacao) hicieron observaciones a la disposición general quinta del decreto. Esta indica: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados según la legislación vigente y declarado por el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, no procederá la solicitud de reforma para la ampliación del cronograma de ejecución de la inversión, ni el incremento del monto de inversión estipulado en los contratos de inversión suscritos al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Las adendas a los contratos de inversión presentadas antes de la entrada en vigor del presente decreto ley serán tramitadas conforme lo establecido en la legislación vigente a la fecha de su presentación”.
Andrés Cervantes, representante jurídico de Anecacao, explicó que esta disposición afecta la seguridad jurídica. Y dijo que todos los contratos de inversión tienen una cláusula de estabilidad jurídica que garantiza que las reglas del juego no se afectarán a futuro y que solo podrán ser modificados por mutuo acuerdo. Para Cervantes, la disposición quinta estaría modificando de manera unilateral esas reglas. La diferencia sería que con el régimen actual se podía pedir una adenda, que el Estado puede aceptar o no, para que se haga una extensión del contrato y realizar una nueva inversión bajo los mismos beneficios del contrato existente. Sin embargo, la nueva norma no permite proponer al Estado una adenda contractual, afecta el derecho de los inversionistas a negociar y promover adendas. También se añaden tres condiciones que antes no existían para formular las adendas: el caso fortuito, la fuerza mayor y una aprobación del Comité Estratégico, dijo.
Sobre el tema, el ministro Julio José Prado lamentó la falta de información que han tenido los gremios antes mencionados y rechazó los argumentos de sus amicus curiae. Explicó que entre 2010 y 2023, en Ecuador se han firmado 422 contratos de inversión, que representan una inversión de $ 12.000 millones, los cuales ya se han invertido, y otros están por realizarse. Fue categórico al indicar que ninguno de esos contratos se verá afectado por el decreto ley, no se afectan las condiciones de los contratos. Explicó que se pueden hacer las adendas, pero el espíritu de la ley es que se deben realizar adendas cuando hay caso fortuito. Explicó, por ejemplo, que si una empresa que se ha comprometido a invertir en 10 años $ 100 millones; pero en el año octavo dice que ya no quiere invertir solo $ 100 millones, sino $ 50 millones más (total $ 150 millones), entonces los $ 50 millones extras ya no entrarían en las mismas condiciones.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, sostuvo que es urgente impulsar la inversión para crear empleo y exportación. De manera resumida, dijo que el decreto busca atraer inversión local y extranjera a través de los beneficios tributarios y facilidades comerciales. Además busca impulsar la equidad territorial mediante el desarrollo de zonas económicamente deprimidas, crear cadenas productivas que generen empleo e industrialización.
En la contraparte, Virgilio Hernández (exasambleísta del correísmo), afirmó que el proyecto de ley no es constitucional y que está comprometiendo beneficios por varios años a empresas. Indicó que esto debe ser tratado a través de la vía normal, en la nueva Asamblea.
Jorge Sosa Meza, que había sido parte de la Asamblea, dijo que no se pueden tratar dos temas económicos urgentes a la vez como está pasando actualmente al tratar el decreto ley tributario y este segundo decreto ley de zonas francas. (I)