Luego de que la Sala Penal de la Corte de Pichincha estableciera responsabilidad del Estado por mantener en reserva el caso de David Romo, han salido a flote al menos siete irregularidades cometidas en los 30 meses que duró el sigilo.
La defensa de la familia Romo cuestiona que pese a haber denunciado el delito de desaparición, en ese lapso la Fiscalía cambió el tipo penal y comenzó a investigar un supuesto asesinato. Esto ya fue cuestionado por la Defensoría del Pueblo, en un informe del 2018.
De hecho, mientras la indagación se desarrollaba en secreto hubo intercepciones de llamadas, escuchas telefónicas, pericias de audios y videos, reconocimiento de evidencias y toma de versiones de testigos.
Pero todo se usó en el expediente por homicidio, por el que luego fueron procesadas cinco personas. La madre de David, Alexandra Córdova, dice que con las decisiones adoptadas violaron su derecho a la verdad, a la información y a conocer cómo realmente avanzaba el caso.
Maritza Romero, Fabián Fabara y Patlova Guerra, jueces de la Sala Penal de la Corte provincial, también se pronunciaron en ese sentido y aseguran que el declarar en secreto el proceso fue una medida “inconstitucional e ilegal”. Los magistrados hicieron referencia al Código de Procedimiento Penal (art. 215), que estaba vigente cuando ocurrió la desaparición.
Esa normativa establecía que la indagación previa se mantendrá en reserva solamente para terceros y para el público en general, pero no para los familiares de las víctimas ni para la defensa ni para los investigados. El Código aseguraba que estos últimos sí podían acceder al expediente de forma “inmediata, efectiva y suficiente”.
Según los archivos que tiene la defensa de la familia Romo, mientras duró el sigilo actuaron 100 policías, 10 fiscales y ocho jueces. Según la Sala Penal, estos funcionarios ordenaron, solicitaron y mantuvieron en reserva el caso. La jueza Dayana Tapia fue quien ordenó el secreto de la investigación.
En su fallo del 2015 señaló que la medida era de carácter temporal, hasta que se realicen “ciertas prácticas investigativas de las personas que pudieran conocer sobre el paradero y la desaparición” del estudiante quiteño. Pero la Defensoría del Pueblo asegura que al extenderse la reserva hasta septiembre del 2017, el carácter de temporal se desvaneció.
Pero, ¿cómo se aplazó tanto tiempo la medida judicial? Según el informe del caso, la reserva se prorrogaba cada 90 días bajo solicitud del fiscal del caso. Los pedidos del investigador fueron atendidos por los jueces. Unos autorizaron que la reserva siga por dos ocasiones, mientras que otros aplazaron la medida siete veces más.
Por ahora hay siete policías investigados, luego de un pedido que el Tribunal planteara el 23 de agosto del año pasado. Además, en contra de este grupo pesa una denuncia por uso doloso de documento falso, alteración de evidencia, falso testimonio y una supuesta asociación ilícita para perpetrar fraude procesal.
Esta indagación comenzó después de que un testigo señalara que los agentes lo obligaron a decir que vieron a David Romo en la clínica de rehabilitación de Pisulí, norte de Quito.
Además, se detectó que las firmas de dos testigos en un testimonio fueron falsificadas aparentemente por los uniformados. En ese testimonio se acusaba a los propietarios de la clínica de supuestamente forzar el ingreso de David.
El 22 de abril pasado, la actual fiscal general del Estado, Diana Salazar, recibió a la madre de Romo y aseguró que la entidad “agotará todas las vías para llegar a la verdad”.
El pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte de Pichincha también implica que se revoque la inocencia dictada a favor de las cinco personas investigadas por el supuesto crimen de David.
La defensa de dos de ellos indica que no existen evidencias en contra de sus clientes para que la Fiscalía vuelva a investigarlos. Pero asegura que están en el país y que seguirán aquí. (El Comercio)