Diario La Hora.- El anuncio de la Federación Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Negras (Fenocin), de iniciar la primera quincena de noviembre de 2022 un paro preventivo de actividades, con cierre de carreteras en seis provincias de la Costa (Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena y Manabí), causa preocupación y rechazo en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), y en el sector productivo del país.
Luis Cabrera, presidente de la CEE, calificó de “exagerada” la decisión anunciada por Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, porque ni siquiera se ha instalado la comisión de seguimiento. Tampoco se ha elaborado un plan de ejecución en el que también está involucrada esta organización social.
Por ello, señaló que mal se podrían buscar culpables por la falta de cumplimiento de los acuerdos. “Esto pondría en tela de duda los diálogos ¿Qué pasó con los diálogos? En las mesas decimos una cosa, y a través de los medios decimos otra cosa”, expresó el sacerdote, quien considera que eso resta credibilidad a la Fenocin.
Negativo para la economía
Para Juan Rivadeneira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), lo último que quieren los ecuatorianos, especialmente el sector productivo, es que vuelvan las movilizaciones que podrían detener la reactivación económica que el país intenta emprender tras el paro de 18 días en junio de 2022.
Recordó que hacia el final del año hay muchas empresas grandes, medianas y pequeñas, que concentran una parte importante de sus ventas para este periodo, por lo que los efectos que puede tener una paralización en el último trimestre del año pueden ser muy negativos para la economía. “Los pequeños y medianos empresarios pueden verse golpeados si es que se reactivan las movilizaciones, lo cual solo busca una minoría en el Ecuador”.
Aunque Rivadeneira prefirió no comentar el monto de lo que se podría perder, porque no se conoce cuál sería la magnitud de la movilización, recordó que solo en el paro de junio se perdieron más de mil millones de dólares en actividad económica.
La proyección que estima la Cámara de Comercio de Quito en porcentaje de ventas para cerrar 2022 comparado con 2021 es un aumento del 10.2%. Ese indicador podría verse “muy afectado” con una paralización. Rivadeneira hizo un llamado para que el diálogo Gobierno-indígenas continúe. (SC)
Iglesia descarta participar en nueva fase
Luis Cabrera, descartó la participación de la Iglesia en la fase de seguimiento dentro de los diálogos gobierno-movimiento indígena. Dijo que la intervención de la Iglesia como garante concluyó el 14 de octubre de 2022.
“Con la decisión del Gobierno y de los sectores indígenas de conformar la comisión de seguimiento, nosotros hemos dicho hasta aquí llegó nuestro trabajo, porque lo que se viene de aquí en adelante son temas de carácter técnico, financiero y van más allá de nuestras posibilidades”, afirmó.
Pero Cabrera no ve inconveniente que las partes pidan reunirse en las instalaciones de la CEE. No obstante, planteó que si van tratar temas económicos lo podrían hacer en el Ministerio de Finanzas, o si hay temas de carácter legal, podría ser en la cartera de Trabajo o la Asamblea Nacional.
La Iglesia también sugiere que sea la academia la que facilite y acompañe la siguiente fase del proceso de diálogo, pero criticó que hasta este momento la comisión de seguimiento todavía no se instale.
Detalló que los integrantes de la comisión deben decidir quién va a ser el facilitador del diálogo, quien va a ser el relator, definir tiempos, cronograma, los responsables, medios logísticos, y traducirlos en proyectos y programas en territorio.
Aseguró que ya recibieron un pedido formal de parte del movimiento indígena para que la Iglesia continúe como mediadora, “pero nosotros hemos sido categóricos y no podemos seguir” participando como garantes. Sin embargo, el Presidente de la CEE anticipó que no hay un pedido formal del Gobierno. “Si nos piden lo consideraríamos, pero depende qué nos pidan” aclaró.
“Menos atractivo para las inversiones”
Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), dijo que un nuevo paro ocasionaría que la economía se desacelere aún más de lo previsto. Varias entidades han reducido el pronóstico de crecimiento para Ecuador hasta alrededor de un punto porcentual tras las movilizaciones de junio. Adicionalmente, los paros vuelven a Ecuador un país menos atractivo para los inversionistas extranjeros, recordó.
Anotó que el paro nacional que se llevó a cabo a mediados de año generó pérdidas y daños equivalentes a $833.8 millones. Un nuevo paro a finales de año podría fácilmente superar esa cantidad.
González opinó que nadie gana con las paralizaciones, además de que se detiene la producción, incrementa los costos y las ventas se ven impactadas. En caso de que el movimiento indígena desee realizar una propuesta, esta puede ser presentada a las distintas organizaciones a través de un diálogo pacífico.
Consideró además que el Gobierno debe de priorizar el gasto eficiente, es decir, cumplir con aquellos compromisos que representen un avance para el país como lo es la exclusión del subsidio de los combustibles a ciertos grupos.