La Oficina Central de la Interpol (Policía internacional, por su siglas en inglés) comunicó ayer a Ecuador la negativa a emitir la difusión roja solicitada, a finales de enero pasado, por el juez Marco Rodríguez contra el exsuperintendente de Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa, quien es procesado por el delito de falsificación y uso de documento falso.
El documento de la Secretaría General de la Interpol, enviado a la oficina de Interpol en Ecuador mediante el Departamento de Notificaciones, señala que para ellos el delito por el que se pide la difusión roja es un «delito de carácter administrativo».
El 24 de enero pasado, la fiscal general (e) Ruth Palacios formuló cargos contra el exsuperintendente Ochoa y el juez Marco Rodríguez dio inició a una instrucción fiscal de 30 días en la que se ordenó la prisión preventiva del exfuncionario del gobierno de Rafael Correa.
El día de la audiencia, la Fiscalía informó que Ochoa salió a Colombia en octubre de 2018 y no registraba ingreso alguno al país. La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que Carlos Ochoa, al igual que la exasambleísta Sofía Espín, procesada por otro delito en Ecuador, se encontraba en Bolivia, país en el que ha solicitado refugio.
Se conoce que el documento con la negativa a la difusión roja ya estaría en manos del juez que lleva su caso en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La decisión es apelable y existirían seis meses para que las autoridades ecuatorianas de justicia envíen nueva documentación que confirme la razón por la que se requiere que Ochoa sea traído al país.
Fiscalía afirma que existe la responsabilidad de Ochoa en la modificación de la transitoria sexta de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que sirvió de base para sancionar a medios de comunicación radial. La falsificación se habría evidenciado en la impresión de 300.000 textos de bolsillo de la LOC por los cuales pagó la Supercom $86.240. (El Universo)