En contexto, en Ecuador se empezará a ejecutar el programa Integra, con un financiamiento de la Unión Europea por 6 millones de euros (USD 7 110 253), enfocados en la ejecución de proyectos en beneficio de la población migrante y refugiada en el país.
El programa se dividirá en dos componentes. La primera será liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la segunda, por un consorcio de ONG internacionales integrado por: Ayuda en Acción, el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) y HIAS.
El programa, que fue presentado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, tendrá una duración de tres años y será implementado en las provincias de Azuay, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, El Oro, Guayas, Cotopaxi, Tungurahua y Pichincha.
Su enfoque buscará reducir las vulnerabilidades de los migrantes y refugiados venezolanos, así como las de las comunidades de acogida, favorecer la integración y la inclusión social permitiendo aumentar la resiliencia y superar la crisis económica y social provocada por la pandemia en Ecuador.
Sus líneas de acción específicas son, entre otras cosas, el mejoramiento de la situación legal y de seguridad de población venezolana vulnerable en Ecuador a través de un modelo multidimensional de atención integral.
También el desarrollo de capacidades para que los gobiernos locales y subnacionales implementen procesos enfocados a la protección de derechos y fortalezcan a sus equipos técnicos de desarrollo socioeconómico para brindar servicios de inclusión económica.
Además, la capacitación en emprendimiento y empleabilidad para migrantes, refugiados y ecuatorianos; dotación de capital semilla para fomento de emprendimientos; la mejora de la cohesión social y la convivencia pacífica entre la población venezolana vulnerable en Ecuador y población vulnerable de acogida.
Además, Integra tendrá un enfoque de género, con énfasis en mujeres, considerando que la pandemia acentuó esta brecha dejando saldos negativos en empleabilidad, salario justo y acceso a derechos como seguridad social y salud.
El Gobierno estima que Ecuador ha acogido a más de 400 000 venezolanos en situación de vulnerabilidad para quienes los efectos de la pandemia han resultado en un aumento de situaciones de escasez de alimentos, situaciones de trabajo precario, xenofobia, violencia, entre otras.