Fiscalía receptará hoy la ampliación de la versión de Jean Benavides, asesor del exasambleísta Daniel Mendoza; Franklin C., quien mantiene el alias de ‘banquero’ en varios informes policiales dentro del caso Pedernales; y José V., quien no solo es procesado por el delito de delincuencia organizada, sino también por lavado de activos.
Los tres fueron vinculados, el 17 de julio pasado, a la causa que investiga una delincuencia organizada que habría ocurrido dentro del proyecto de construcción del Hospital Básico de Pedernales. Al momento en este caso existen 19 personas procesadas, entre ellas el exasambleísta Daniel Mendoza y el legislador Eliseo Azuero.
A la investigación por delincuencia organizada la Fiscalía incorporó documentación del expediente por lavado de activos que se sigue desde mayo pasado, en Manabí. Datos recuperados en esa operación en inmuebles, vehículos y teléfonos celulares se desprende que Franklin C. tiene el alias de ‘banquero’ y Benavides el alias de ‘cajero’.
Ayer, las asambleístas Rosa Verdezoto y María Mercedes Cuesta completaron el grupo de siete legisladores del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) que fueron llamados a rendir su versión dentro de este caso, pues nombres señalados en una conversación entre Mendoza y Azuero coincidían con los de varios de los asambleístas convocados.
Verdezoto aclaró tres puntos: que su nombre no aparece en la conversación, que desconoce todos los hechos que se señalan y que no hace parte del BADI desde septiembre de 2019. Por su parte, Cuesta, desde Guayaquil, dijo que por los hechos que se investigan ella no ha tenido ninguna reunión con Mendoza u otros legisladores del BADI y que se enteró del contenido de los diálogos por los medios de comunicación.
El viernes último, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, rindió también su versión, en la que reveló un mensaje de texto que le envió, el 6 de marzo pasado, un ciudadano que residía en Manabí. El mismo refería que quien enviaba el mensaje había sido testigo de una conversación en la que se «planificaba una acción» en su contra.
El mensaje decía: “Estuvo aquí un ingeniero civil que usa DM para sus movimientos alejados a lo legal. Su nombre es Franklin Calderón, (…), tiene cheques por $760 000 y adicional deben retirar 500 000 más del Consorcio Pedernales (…). Como piensan que yo soy parte del equipo de ellos dijeron que necesitaban retirar este dinero urgente para llevarlo a Guayaquil y pagar votos a unos asambleístas en contra suya la próxima semana. Le vamos a sacar la chu… a la María Paula Romo».
Como parte de los documentos de este proceso existen fotocopias de cheques de BanEcuador de la cuenta Consorcio Pedernales Manabí, en cuya parte inferior se lee «360 000 Asambleístas», mientras que en otros cheques se leen «320 000 Jorge Jalil y comisión $160 000» e «Ing. Tamayo $ 160 000». Jalil y Tamayo, ambos exfuncionarios del Servicio de Contratación de Obras (Secob), también son procesados en esta causa.