El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Marcelo Merlo y los vocales, Aquiles Rigail y Zobeida Aragundi, explicaron el alcance de las resoluciones 109A-2018 y 110A-2018 emitidas por esta institución, y que se refieren, entre otras cosas, a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes; mandato aprobado por los ecuatorianos en la Consulta Popular de febrero de 2018.
La vocal Zobeida Aragundi Foyaín sostuvo que las mencionadas resoluciones establecen políticas públicas institucionales que buscan mejorar la calidad del sistema judicial y ofrecer una respuesta a la ciudadanía, en los delitos ya mencionados.
“Se trata de priorizar la sanción y el procedimiento contra los responsables de delitos sexuales cometidos contra menores, sin perjuicio del tiempo en el que esto haya ocurrido”, dijo.
A partir de la consulta popular de febrero, a nivel nacional, las víctimas presentaron denuncias de hechos ocurridos hace varios atrás. “Estas personas concurrieron al sistema judicial para encontrar la verdad y descubrir estos hechos cometidos contra su vida”, señaló la vocal.
Asimismo, lamentó que existan sectores que consideren que la ley no es retroactiva, sino que se aplica solo hacia el futuro. A su criterio, esto provoca que a las víctimas de estos delitos se les niegue el acceso a la justicia.
“El Consejo de la Judicatura asumiendo su responsabilidad histórica, a través de las resoluciones emitidas, determinó que el sistema judicial puede y debe acoger estas denuncias e investigarlas. Cada juez conforme sus competencias y su jurisdicción, sabrá cómo responder a la víctima”, afirmó.
La abogada Aragundi insistió en que el CJ no exige a los jueces actuar de una u otra manera, sino que cumplan con lo que dispuesto en la consulta popular.
El Presidente del CJ, Marcelo Merlo, manifestó que el Pleno de la institución “no está interpretando la ley” y que solo puso en conocimiento de los jueces lo establecido en la consulta popular.
Por tal razón, las víctimas tienen la posibilidad de presentar las acciones legales que correspondan y los jueces deberán actuar en Derecho.
Por su parte, el vocal Rigail invitó a la ciudadanía a debatir sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. “Estos hechos deben ser conocidos por los jueces, independientemente del tiempo en el que sucedieron”, manifestó.