El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Marcelo Merlo, pidió, el pasado 20 de septiembre, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS -T), que aclare el alcance de su Resolución N° PLE-CPCCS-T-E-104-19-09-2018, en la que el mencionado organismo prohíbe ejecutar las facultades previstas en el artículo 181 de la Constitución, numeral 3.
La mencionada normativa determina que “Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley: ..3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción (…)”.
El titular de la Judicatura realizó la solicitud al presidente del CPCCS – T, Julio César Trujillo, con base en un informe de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el cual expresa la preocupación de que los expedientes disciplinarios abiertos contra servidores judiciales prescriban, provocando así un grave perjuicio a los ciudadanos que impulsaron esos procesos en las direcciones provinciales del CJ.
Según ese informe, el Pleno del CJ, hasta el 19 de septiembre de 2018, tiene 287 sumarios disciplinarios pendientes de resolución.
Ese documento recuerda, además, que el 26 de julio de 2018, el CJ resolvió continuar con los concursos públicos de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social tanto para agentes fiscales, como para funcionarios administrativos.
Al respecto, se manifiesta que el cumplimiento de la resolución del CPCCS-T “implicaría que deben suspenderse nuevamente los concursos y procesos de selección de servidores de la Función Judicial, lo cual puede ocasionar que miles de postulantes, al verse perjudicados, inicien acciones legales contra el Estado”.
Sobre la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el informe expresa que el Consejo de la Judicatura, a través de las direcciones nacionales de Acceso a los Servicios de Justicia y de Innovación y Mejora Continua del Servicio Judicial está impulsando informes técnicos para la elaboración de normativa secundaria y protocolos que permitan la aplicación de la mencionada ley.
“Al interrumpirse este proceso, en virtud de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el Consejo de la Judicatura estaría incumpliendo el mandato legal antes mencionado y, además, dejando en la indefensión a los ciudadanos que esperan hacer valer sus derechos al amparo de la precitada ley”, dice el informe.
Por ello, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica recomendó exponer al CPCCS – T estas puntualizaciones para evitar que se produzcan perjuicios a la ciudadanía debido al incumplimiento de mandatos constitucionales y legales.