El día de hoy, martes 02 de mayo de 2023, el Consejo de la Judicatura a través de su Dirección de Patrocinio, presentó un escrito ante la Jueza Cecilia Pareja, para solicitar se autorice la comparecencia de expertos relatores internacionales de Naciones Unidas, como un mecanismo para fortalecer el desarrollo de una sociedad democrática a la luz de la transparencia y credibilidad de las acciones que realizado el Estado en su rol de garante de derechos.
Esto, en el marco de la Acción de Protección presentada por el doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo en contra del Presidente Constitucional de la República del Ecuador y el Ministro de Economía y Finanzas de la República del Ecuador, signada con el No. 17203-2023-01666 y cuya sentencia escrita fue notificada el 28 de abril de 2023.
En la resolución, la jueza competente dispuso que el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación realicen una mesa técnica a fin de que determinen los proyectos prioritarios tomando en consideración el derecho y la garantía de tutela judicial efectiva; el Consejo de la Judicatura como ente rector de administrar justicia de manera adecuada, efectiva, íntegra y accesible; ha mantenido diálogos con expertos internacionales de Naciones Unidas, a fin de que participen en calidad de “observadores internacionales” dentro de las mencionadas mesas de trabajo.
El Consejo de la Judicatura considera además que, esto permitirá tener una mayor aceptación y legitimidad social de las decisiones que deriven de las mesas técnicas de trabajo; al mismo tiempo que, se garantizará que los resultados obtenidos cumplan con el control de convencionalidad y, en consecuencia, cuenten con la aplicación exhaustiva de estándares internacionales en materia de derechos humanos tal y como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentido de que la participación ciudadana representa un instrumento para integrar sus preocupaciones y conocimiento en las decisiones de políticas públicas y aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las demandas públicas de manera oportuna y con credibilidad de sus procesos.