El próximo martes 21 de agosto, las autoridades del Consejo de la Judicatura se reunirán con delegados de las organizaciones que agrupan a quienes aseguran haber sido víctimas de persecución política durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.
En la reunión, que se realizará en el auditorio del Complejo Judicial Norte de Quito, estarán personas que fueron judicializadas por casos emblemáticos como: el 30-S, los 10 de Luluncoto, los tres de Cotopaxi, protesta estudiantil del Central Técnico, los 12 de Saraguro, etc.
El objetivo del encuentro es convocar a la conformación de la Mesa por la Verdad y Justicia: Perseguidos Políticos, Nunca Más, instancia que procesará las denuncias que, de forma voluntaria, presenten las personas u organizaciones que se consideren víctimas por las acciones políticas y judiciales desarrolladas durante el anterior gobierno.
En el evento también participarán representantes de instituciones estatales y de organismos de defensa de derechos humanos y de la naturaleza. El objetivo es que esas entidades se incorporen como parte activa en la Mesa que investigará y documentará los casos en lo que se registró persecución política a través de procesos judiciales.
El trabajo que consolide la Mesa será presentando posteriormente a las autoridades de las instituciones estatales vinculadas a la administración de justicia, para que ellas, en el ámbito de sus competencias, tomen las acciones pertinentes.
La intención de esta iniciativa del Consejo de la Judicatura es que se determine la verdad no solo para las víctimas y sus familiares, sino también para la memoria histórica y colectiva de la sociedad ecuatoriana.
Para la conformación de la Mesa, se ha solicitado el apoyo de entidades nacionales e internacionales cuyo ámbito de trabajo es la defensa de los derechos humanos y la independencia judicial, entre ellos INREDH y ACNUR.